Los ayuntamientos pierden por su ineficacia el 10% de los impuestos

Las administraciones locales no sólo generan nuevas necesidades de gasto por culpa de servicios que, en teoría, les serían impropios (corresponderían, por criterio normativo, a las comunidades autónomas). También tienen al enemigo en casa , esta vez en forma de «ineficacia recaudatoria». Bajo esta singular definición que utilizan los expertos se esconde un dato revelador, que se pondrá encima de la mesa cuando el Estado negocie el nuevo modelo de financiación con unos y otros: los ayuntamientos, por falta de diligencia, pierden uno de cada diez euros de los ingresos fiscales a los que tendrían derecho. No es que el ritmo de entrada de recursos sea malo, al contrario. En el 2005, último año del que se conocen cifras oficiales, las entidades locales y diputaciones provinciales mejoraron aquellos en un 12,7%, hasta alcanzar los 13.361,7 millones de euros (de los que aún les restan por recibir este año 823,5 millones, una vez descontadas las entregas mensuales a cuenta y el anticipo ya obtenido). Si tenemos en cuenta los ejercicios anteriores (en concreto, desde el 2002), ese incremento se duplicaría hasta superar el 25%. Asimismo, la buena marcha de la economía ha permitido que sus ingresos por impuestos indirectos aumentarán casi un 84% en el mismo período. Buena parte del problema pasa, por tanto, por la forma en que se obtienen los ingresos y se gestionan después. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la mayor parte de los momentos de dificultad financiera en el ámbito municipal provienen de las «tensiones de liquidez». Estas se pueden observar por tres vías. En los pagos, las corporaciones locales sólo abonan el 83% de las obligaciones que reconocen, mientras que materializan únicamente el 76% de las compras de bienes y servicios previstas, de manera que uno de cada cuatro quedan sin poder adquirirse por falta de fondos. Pero lo más llamativo llega en la presunta «eficiencia» en los cobros, que aquí no parece ser tal, pues según los técnicos de Hacienda «presenta unas márgenes de mejora bastante relevantes». Para muestra, un botón. «Ninguno de los capítulos de ingresos propios (impuestos y tasas) alcanza un índice de recaudación superior al 88% de los derechos a percibir», afirman. Provisiones insuficientes Otro informe, esta vez obra del servicio de estudios de La Caixa, abunda en la misma tesis. El remanente de tesorería, siempre según los últimos datos facilitados por Hacienda, podría cubrir una cuarta parte del gasto corriente (en concreto, representa el 24% del mismo), si bien se desconoce si parte de aquel está afectado a la ejecución de pagos concretos porque este extremo no es de conocimiento público. El problema es que, «en numerosas ocasiones», las provisiones hechas por los municipios se sitúan «por debajo de su capacidad real de cobro». Los técnicos de la entidad catalana explican que, conforme a su análisis, las dotaciones de saldos de dudoso cobro que hacen las corporaciones locales (pues este problema afecta tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones) es «claramente reducida» en comparación con los derechos a percibir. La conclusión que extraen de ellos es que, gracias a este maquillaje contable, reflejan (a través de la cifras de tesorería) «una situación de liquidez mejor de la que realmente atraviesan», lo que a su vez facilita su endeudamiento financiero.