Los 35.000 autónomos leoneses ya pueden coger baja y cobrar paro

Más de tres millones de autónomos en toda España, 35.000 de ellos leoneses -el 20% de la población activa- tendrán en septiembre ordenadas sus condiciones laborales a través de un Estatuto específico, aprobado ayer definitivamente por el Congreso de los Diputados. No obstante, varios grupos expresaron sus reticencias hacia los posibles efectos negativos de la regulación del autónomo económicamente dependiente (AED) de una empresa o de una persona, al percibir de ella, al menos, el 75% de sus rentas. El origen de la nueva figura obedece a que las compañías, cada vez con mayor frecuencia, sacan fuera de su ámbito actividades que antes realizaban sus plantillas (limpieza, mantenimiento, funciones administrativas, etcétera). La nueva norma aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dentro de unos 15 días y entrará en vigor a los tres meses de su publicación. En resumen, recoge los derechos y obligaciones de los autónomos, aumenta la protección social, establece nuevas relaciones laborales y fomenta el empleo por cuenta propia. Incluso mandata al Gobierno para que, garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, proponga al Parlamento la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad, comúnmente entendido como una cobertura por desempleo. También regula al AED, situación en la que se encuentran alrededor de 400.000 trabajadores, colectivo que en el 2001 no pasaba de 190.400 personas. El Gobierno espera que al fijarse compromisos (vacaciones pagadas, indemnización en caso de ruptura del contrato, etc.) para la empresa que solicita sus servicios, se frene el trasvase de asalariados, vía acuerdo mercantil, a este tipo de autónomos. Críticas al modelo Pese al consenso conseguido en torno al Estatuto, el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, lanzó un llamamiento para «estar vigilantes». A su juicio, el AED se trata de una figura que «no puede convertirse en un coladero» para que los empresarios traspasen asalariados. Gaspar Llamazares, de IU-ICV resaltó que el texto »es satisfactorio, pero alertó sobre la conveniencia de estar en guardia para «evitar riesgos y trampas» y se mostró preocupado por la manera en la que queda cubierto el AED. El diputado del PNV José Emilio Olabarria fue el más duro en sus calificativos. Afirmó que el documento contiene «una dislocación». Argumentó, que la nueva norma olvida que un contrato laboral es aquel por el que se realiza un trabajo y se cobra una remuneración y señaló que el AED es una figura «extravagante» y da origen a «algo peligroso». «Nadie contratará a un trabajador por cuenta ajena cuando contratar a un AED le sale más barato, al ahorrarse las cotizaciones sociales», dijo. A estas criticas parlamentarias se sumaron otras organizaciones ajenas al Congreso, como CC.OO. El sindicato expone su preocupación porque el AED «es fronterizo entre el trabajo asalariado y el autónomo, con menos derechos que el primero» y con un efecto negativo para el mercado laboral, al poder utilizarse su presencia «para presionar a la baja las condiciones de trabajo». En definitiva, CC.OO. denuncia que sus señorías «han preservado los intereses de las asociaciones empresariales y no los derechos de los AED». En nombre del Gobierno, defendió el Estatuto el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien apuntó que la nueva ley «pone punto y final a la situación de desprotección en la que han vivido los autónomos». «Con este Estatuto -continuó damos respuesta a las inquietudes y demandas del colectivo».