Diario de León

El Ministerio de Trabajo señala, no obstante, que las líneas de actuación no varían

La Fiscalía centra su investigación en el director de Mutua Universal

La Administración tiene indicios de que «efectivamente existe una doble contabilidad» Mapfre también podría

Son muchos los medios de comunicación que se han acercado a la sede barcelonesa

Son muchos los medios de comunicación que se han acercado a la sede barcelonesa

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colpisa | madrid

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Tan sólo veinticuatro horas después de que saltara el escándalo en el sector de las mutualidades de accidentes de trabajo, ahora en el punto de mira de la justicia, la Fiscalía Anticorrupción se ha visto «forzada» a matizar el sentido de sus pesquisas, que parecen centradas en el director general de la Mutua Universal Mugenat, Juan Alcart, y en sus principales colaboradores. Esto deja en un segundo plano al presidente de la entidad, Juan Echevarria, y a buena parte de los miembros del consejo de administración, contra quienes por ahora no se dirige la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y societario. Estas precisiones realizadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, responsable del caso en el Ministerio Público, no afectan a la marcha de las investigaciones abiertas en el ámbito administrativo. Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está a la espera de recibir las alegaciones de los responsables de la Mutua respecto al pliego de cargos incluido en el expediente abierto por la Seguridad Social que, conforme a los plazos previstos en la legislación vigente, decidirá entre finales de agosto y principios de septiembre si procede adoptar medidas cautelares, . Entre éstas podría figurar el nombramiento de un interventor que «compruebe y garantice el correcto cumplimiento de las órdenes» de la Administración. Anticorrupción parece confirma que «efectivamente existen algunos indicios» que apuntan la existencia de una «doble contabilidad», con un libro 'B' donde se anotarían los ingresos y gastos reales frente a los ficticios que figurarían en las cuentas remitidas a la Administración para su auditoria anual.

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