Las acusaciones instan a seguir la pista del dinero de Gescartera enEE.UU. Ningún político en el banquillo

Las acusaciones del caso Gescartera reclamarán a partir de hoy, cuando se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra los 14 acusados por el fraude multimillonario de la polémica agencia de valores dirigida por Antonio Camacho, que se reabra la investigación para retomar en Estados Unidos y varios paraísos fiscales la pista del dinero estafado a los cerca de 1.600 inversores incluidos en la lista oficial de afectados, cantidad que en un principio se pensó que superaba las 4.000 personas físicas y jurídicas. Está en juego la posibilidad de recuperar los 50,2 millones de euros que, según la Fiscalía Anticorrupción, fueron estafados a los clientes. Algunas de las 40 asociaciones, organizaciones y particulares que ejercen la acusación en este largo proceso (se inició en el 2001 y no habrá sentencia hasta el 2008) pretenden que, bien dentro de las piezas ya abiertas para depurar la responsabilidad civil de los encausados, bien en un procedimiento especial distinto, se vuelva a solicitar a las autoridades judiciales estadounidenses y británicas, además del FBI y Scotland Yard, que colaboren para seguir el movimiento de un dinero al que se perdió la pista hace seis años en tres conocidos paraísos fiscales insulares: Caiman, Jersey y Mann, el primero en el Caribe y los otros dos en el Canal de la Mancha, pero los tres de soberanía británica. Opacidad fiscal La opacidad fiscal de estos territorios impidió en su día a los investigadores seguir el rastro de casi una decena de sociedades instrumentales creadas por Camacho y sus socios, en apariencia para ocultar buena parte del dinero que desviaban desde Gescartera. Pero la Policía manejó entonces una segunda hipótesis: que estos fondos podrían haber sido expatriados con pleno conocimiento de sus dueños (empresarios, entidades privadas, militares, políticos y extranjeros) para ocultarlos a Hacienda. Se trata de sumas cuantiosas que, en teoría, sumarían más de 100 millones de euros, si bien los peritos sólo pudieron corroborar inversiones por apenas la mitad de ese monto. Precisamente el temor a ser acusados de un posible delito fiscal habría hecho que esos inversores más pudientes no reclamaran en público su dinero que, por otra parte, cabría la posibilidad de que parte de él siguiera «vivo» en otras manos ...y a su disposición. La Policía carece de pruebas sobre ello, pero sí le llama «profundamente» la atención el ritmo de vida que lleva Camacho (quien, según algunos medios, acaba de comprarse un chalé de lujo en las afueras de Madrid) y algún otro acusado, pese a haber presentado avales para cubrir sus fianzas respectivas y carecer, en teoría, de medios económicos para responder por sus cuantiosas responsabilidades civiles. Sobre este último punto, y una vez asumido por la Fiscalía y las acusaciones que las posibilidades de encontrar el dinero estafado son «remotas», algunos abogados estudian plantear un incidente de nulidad de actuaciones porque algunos de sus recursos contra la exculpación de varias entidades financieras no llegaron a ser resueltos por la Audiencia Nacional. Su intención última es que el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank se sienten junto a Cajamadrid y La Caixa (a las que se les reclaman 40 millones de euros) en el banquillo de los responsables subsidiarios, como presuntos colaboradores «voluntarios» en las irregularidades de Gescartera. Pese a que ninguno de los políticos de los gobiernos de Aznar implicados se sentará en el banquillo, todavía se dejan sentir los efectos de la descomunal polvareda que levantó la polémica lista de inversores y las relaciones de sus administradores con varios pesos pesados del equipo económico del entonces vicepresidente Rodrigo Rato. Todo empezó mucho antes, en 1992, cuando un ambicioso joven llamado Antonio Camacho, de discreto expediente académico pero extraordinarias dotes sociales, fundó con su padre Gescartera, una pequeña sociedad de gestión de patrimonios no diferente a las miles que había en el país. El elemento diferenciador fue, desde su mismo comienzo, la capacidad para relacionarse de su dueño. El agresivo broker comenzó a forzar una tupida trama de contactos y nombró director general al cantante melódico Jaime Morey, con lo que buscó popularidad y acceso a determinados ambientes. La clave del chanchullo, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, era proyectar una imagen de «solvencia e importancia» que, combinada con la promesa de rentabilidades superiores a las habituales en el mercado, facilitara la captación de clientes, si no masiva, si al menos importante tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.