El Gobierno firma un protocolo para evitar la siniestralidad laboral

La lucha contra la siniestralidad laboral es el objetivo del protocolo marco firmado ayer por los Ministerios de Interior y Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que contempla, entre otras actuaciones, la pena de cárcel por imprudencia profesional. Los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo, Jesús Caldera, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido firmaron el acuerdo al que se han adherido los sindicatos CC.OO. y UGT, mientras que la CEOE se ha desmarcado. Fuentes de la patronal explicaron a Efe que la CEOE está «prácticamente de acuerdo con la totalidad del protocolo» y ha estado en todas las reuniones previas a la firma, aunque difiere con una cláusula que «concede un plus de acción sindical» y permite a los sindicatos personarse en los procesos judiciales. El acuerdo establece tres protocolos de actuación: en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; en la indagación de los delitos de riesgo y en la ejecución de las sentencias. También contempla la colaboración entre los diferentes organismos administrativos y facilita a jueces y fiscales, entre otros, la investigación de la titularidad mercantil para evitar que los empresarios puedan eludir su responsabilidad. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo que a pesar de que la situación en términos objetivos está «mejorando» y desde 2006 el índice de siniestralidad ha caído un 5,3%, «el nivel más bajo en 21 años», la situación exige una «mayor beligerancia». Para Rubalcaba, la siniestralidad laboral es «una catástrofe» con la que no se puede vivir «resignadamente» y señaló que se debe concienciar a la sociedad de la importancia del fenómeno.