El Gobierno estudia dar la ayuda de 6.000 euros a todos los alquileres

Los propietarios que alquilen sus viviendas cobrarán hasta 6.000 euros. Esta ayuda, limitada en la actualidad a quienes cumplen determinados requisitos de superficie arrendada y renta percibida, se podría convertir en una gratificación directa y universal, según anunció este martes la ministra Carme Chacón ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso. Ahora mismo, para que un propietario pueda recibir una ayuda directa, el piso alquilado debe tener menos de 120 metros cuadrados y el contrato de arrendamiento prolongarse al menos un año. Además, la renta cobrada por el dueño ha de ser inferior a 5,5 veces los ingresos del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), variable que se aplica en otras ayudas públicas como las becas o subsidios familiares. La flexibilización se enmarca dentro del Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del alquiler anunciado por el Gobierno la pasada semana, un programa que contempla también una ayuda de 210 euros a la mensualidad del alquiler para los jóvenes y deducciones fiscales para los propietarios. Chacón comentó la posibilidad de extender estas actuaciones a otros sectores sociales como los ancianos o los separados y divorciados. Aunque no están integrados por jóvenes, son claros demandantes en el mercado de alquiler, explicó. Mejor fiscalidad En la agenda de propuestas que la ministra de Vivienda piensa remitir al Consejo de Ministros este mismo viernes figuran además la agilización de los procesos de desahucio por impago y la revisión de la fiscalidad para los promotores que construyan vivienda para alquilar, tanto pública como privada. Chacón advirtió, no obstante, que la flexibilización o incluso la desaparición de las condiciones a los propietarios que pongan viviendas en alquiler «están actualmente en estudio». Junto a este avance en el paquete de medidas para fomentar el mercado del alquiler, la ministra anunció que pretende flexibilizar también las condiciones para que haya más familias de clase media que accedan a vivienda protegidas de precio tasado y de segunda mano, tanto en régimen de alquiler como en las compras.