Los consistorios españoles ingresan la mitad que los europeos

Los 8.100 ayuntamientos que existen en España ingresan y gastan cada año la mitad que sus homólogos europeos, de manera que el dinero que destinan a sufragar los múltiples servicios que prestan apenas representa el 6,2% del producto interior bruto (PIB), frente al 11,3% que se alcanza en la Unión, según datos de Eurostat, la oficina comunitaria de estadística. El año pasado sólo percibieron el 14,8% del montante global que recaudaron, de forma directa o a través del Estado, las distintas administraciones públicas, nivel del que apenas se despegan desde hace años y que está muy distanciado del 24,9% que, como media, obtienen los municipios de la UE-25. Esa diferencia es aún mucho mayor respecto al norte de Europa. En Finlandia y Holanda, por ejemplo, los ingresos de sus ayuntamientos suponen el 36,7% y el 33,1%, respectivamente, sobre la recaudación del conjunto de las administraciones de sus países. En términos de gasto las distancias son igual de grandes. Si en España los pagos hechos por los municipios suponen el 16.1% del total público -lo que representa unos 800 euros por habitante-, la media europea se eleva al 24,4% y en algunos Estados, como Suecia, llevan camino de suponer cerca de la mitad (en este caso, el 45%). Déficit histórico Esa desigualdad entre ingresos y gastos para los consistorios españoles hizo que durante el 2006 se generará un déficit histórico de 2.000 millones de euros, circunstancia que aupó la deuda local hasta los 27.500 millones, un nuevo récord negativo. El problema es que esta situación no tiene visos de solucionarse a corto plazo, puesto que el envejecimiento de la población y la llegada masiva de inmigrantes han elevado de forma considerable las necesidades de gasto de los ayuntamientos, ya de por sí sobrecargadas por las llamadas competencias impropias que han asumido desde hace un decenio respecto a las autonomías (seguridad ciudadana, protección civil, medio ambiente, salud pública, educación, integración social...). Precisamente por ese motivo, en su propuesta de reforma de la financiación local, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone que sean en mayor medida las comunidades, y en menor el Estado, las que les cedan parte de sus ingresos.