Conthe «avisa» al juez que no hubo hechos delictivos en la opa sobre Endesa ni se perjudicó a E.On
El ex presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, negó ayer que hubiera hechos delictivos en relación a la actuación de este organismo en el proceso de opas sobre Endesa, y en concreto sobre un posible perjuicio a las aspiraciones de la eléctrica alemana E.On. Sus declaraciones se produjeron antes de que un juzgado de Madrid resuelva si abre un procedimiento penal respecto a ese asunto, como han pedido en sendas denuncias el PP y varios particulares. Conthe, que dimitió el pasado 2 de abril de su cargo ante la decisión del consejo de la CNMV de no abrir un expediente contra la italiana Enel y Acciona por sus maniobras en torno a Endesa, consideró «un grave error haber dejado desamparado al (entonces) único oferente, E.On», al limitar su capacidad de actuación frente a terceros, decisión que calificó de «lamentable». No obstante, afirmó en declaraciones a Telecinco que «no hubo ni el más remoto vestigio de delito y lo digo -apuntó- porque ha habido una denuncia ante los tribunales». Distinta fue su posición frente al ya archivado «caso FG Valores», una sociedad instrumental usada por el ahora presidente del BBVA, Francisco González, para canalizar años atrás algunos negocios. Aquí, pese a mantener su tesis de que no existe materia penal, sí apuntó que «podría haber sorpresas» si un juez investigara la actuación interna de la CNMV pues, en su opinión, hubo un «contubernio» (contra el investigado) entre la oficina económica de La Moncloa, una emisora de radio y el vicepresidente del supervisor, Carlos Arenillas, de quien dijo que fue «inadmisible» que hiciera de «correveidile» del Gobierno. Por su parte, el PP propuso ayer que a los responsables de los órganos reguladores (CNE, CNMV...) no se les «impongan» sus equipos de gobierno, como ocurre en la actualidad ya que son nombrados desde el Ejecutivo. El secretario para temas económicos de los «populares», Miguel Arias Cañete, se mostró dispuesto a apoyar una reforma legal para que sea el Parlamento el que apruebe por una mayoría de dos tercios esos nombramientos, a propuesta de los propios presidentes, así como a establecer mecanismos «más potentes» de incompatibilidades para «asegurar su independencia».