Las deudas de los ayuntamientos suponen ya casi el 2,8% del PIB

Las administraciones locales, conscientes de que la financiación es uno de sus «grandes problemas..., con permanentes tensiones entre los recursos disponibles y las necesidades crecientes», han elaborado una lista de 14 medidas que piensan trasladar al ganador de las elecciones generales del próximo 9 de marzo en cuanto comience la nueva legislatura, previsiblemente a mediados de abril. La principal es que se ponga fin a lo que consideran una discriminación «casi histórica», pues llevan más de una década asumiendo competencias que se consideran «impropias», ya que según la ley corresponderían a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de políticas sociales. Este «problema» resulta cada vez más acuciante para los ayuntamientos, pues esta «suplencia» más o menos forzosa supone hasta el 30% de su gasto global, una proporción que crece cada año un poco más. Por este motivo, en su catálogo de reclamaciones al Gobierno central, pero también a las propias administraciones autonómicas -con las que pretende sentarse mano a mano dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiara, órgano de coordinación hasta ahora vedado para ellos-, pretender incluir una especie de cláusula de salvaguarda que les permita resarcirse «económicamente» de ese «déficit de corresponsabilidad» con las comunidades. Otra fórmula para asegurar un aumento de las transferencias a los entes locales, dado que «la mayoría» de los gastos no obligatorios que realizan corresponden a las autonomías, sería que éstas constituyeran unos modelos de participación en sus ingresos -que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) denomina Picas-, que hasta ahora juzgan «inexistente o muy insuficiente», con carácter «incondicionado» de cara a asegurar la «solidaridad» entre unos y otros. No obstante, en el informe mencionado antes se advierte que cualquier solución «medianamente duradera» ha de pasar por una nueva Ley de Bases de la administración municipal y un mayor peso en el gasto público, donde su participación está casi 'congelada' en el 13% desde 1985 mientras que en las autonomías se ha duplicado. Esa «lealtad institucional», advierten los ayuntamientos, exigiría también que se coordine con la Femp la elaboración de leyes financieras, de modo que, por ejemplo, «se evite» que cualquier reforma fiscal o variación en los porcentajes de cesión de impuestos a las comunidades «no suponga, en ningún caso, un perjuicio para las Haciendas Locales». En la misma línea, solicitan que se identifiquen todos las competencias «impropias» -bien del Estado, bien de las autonomías- que son ejercidas por las entidades locales, de manera que «cualquier redistribución» en las mismas «ha de ir acompañada de las asignación de financiación suficiente para su ejercicio». Apoyo del Senado Estas peticiones van dirigidas ya al próximo Gobierno, si bien en la Femp lamentan que en esta legislatura a punta de finalizar no se hayan puesto las bases para la reforma del sistema de financiación regional y local. Este diagnóstico lo comparte el Senado, órgano de representación territorial por excelencia. El Pleno de la Cámara Alta aprobó en su última sesión de la presente legislatura un dictamen sobre esa cuestión donde, entre otras propuestas, «exige» un pacto de Estado entre los tres principales niveles de administración y las fuerzas parlamentarias. Recuerda en este sentido que existen «grandes diferencias» en ese ámbito entre los municipios incardinados en el régimen común y los de modelos especiales (navarro, vascos e incluso canarios), que en algunos puede suponer hasta el doble de la cuantía recibida. En esta tesitura, los responsables municipales han optado en los últimos años por incrementar el endeudamiento de sus consistorios, si bien la propia Femp advierte que este recurso «encuentra dificultades de índole jurídica y económica, motivadas por circunstancias estructurales y coyunturales».