Iberdrola pide a la CNEque baje al 3% los derechos del accionista ACS

Las cartas ya están sobre la mesa. Tras semanas de abundante ruido, la francesa EDF ha reconocido finalmente ante el regulador español que ha mantenido encuentros con representantes de ACS «con el objetivo de analizar sus respectivos intereses en relación a Iberdrola». Aunque puntualiza que se ha tratado de «contactos exploratorios», inversores y analistas del sector han visto confirmados los rumores. Era un secreto a voces, pero esta ratificación oficial ha dado pie al arranque de la estrategia defensiva de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán. Los administradores de Iberdrola ya no soportan al enemigo en casa, y han requerido a la Comisión Nacional de la Energía para que revoque el permiso concedido a la empresa constructora y de servicios para aumentar su participación hasta el 24,9%. También le exige que limite al 3%, sin ninguna excepción, los derechos de voto de la empresa que preside Florentino Pérez. El 15 de febrero del 2007, el consejo de la CNE acordó permitir a la constructora votar en las juntas de accionistas de Iberdrola en función de su participación, aunque le vetó tomar posiciones en aspectos relativos a la estrategia competitiva de la eléctrica. No obstante, los estatutos de la eléctrica incluyen un blindaje que limita el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas a un máximo del 10%. ACS es dueña de poco más del 12% de Iberdrola, si bien posee el 7,7% de forma directa y el resto a través de derivados, y no ha podido acceder a un asiento en el consejo. En noviembre del 2006, la Comisión Nacional de la Energía autorizó a este grupo a incrementar su participación hasta el 24,9% -el límite entonces vigente para no incurrir en la obligación de lanzar una opa- si bien condicionó este permiso a una serie de requisitos. Le exigió aceptar que el destino preferente de las inversiones fueran actividades reguladas, así como la comunicación inmediata de cambios relevantes. Una vez confirmado que ACS ha sido interlocutor de la francesa EDF, Iberdrola se ha reafirmado en sus posiciones iniciales, porque siempre se opuso a que se reconocieran los derechos políticos de la participación del grupo constructor y de servicios, dueño a su vez del 45% de Unión Fenosa, uno de sus principales competidores. La eléctrica que preside Sánchez Galán pide igualmente al regulador que adopte medidas provisionales para prohibir a ACS la compra directa o indirecta de participaciones que excedan del 10% o le permitan ejercer una influencia decisiva.