Truncan la defensa de las eléctricas contra los monopolios extranjeros

El Tribunal Europeo de Justicia falló ayer contra las disposiciones legales españolas de 1999 y 2003 -esta última conocida como «Ley Rato»-, que limitan el poder de las empresas públicas extranjeras en los consejos de administración de las sociedades del sector energía, por considerarlas contrarias a la libre circulación de capitales. Esta sentencia puede despejar el camino a la francesa EDF, que está interesada en Iberdrola y busca aliados nacionales para impulsar una posible OPA, entre ellos la constructora ACS o Gas Natural, con la que acaba de firmar un importante acuerdo comercial para que la compañía catalana le suministre, a partir de abril de 2009, 1.000 millones de metros cúbicos anuales de gas durante cuatro años. Por su parte, el Gobierno español recibió la noticia con cierta resignación pero sin sorpresas. En este sentido, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, declaró desde Madrid que tomarán las «decisiones pertinentes» para cumplir dicha resolución judicial, aunque no detalló cuáles serían. Lo que sí hizo fue evidenciar la «paradoja» que, según él, se da dentro de la Unión Europea, sobre todo en el sector energético, donde «la empresa privada está en el mercado y puede ser comprada por terceros y la pública (caso, por ejemplo, de la citada EDF) no, a no ser que el Estado correspondiente lo decida». Por ello, advirtió que «cualquier idea que se plantee sin resolver esos problemas no ayuda, sino que complica más la situación». El pronunciamiento de la Corte, que no es recurrible, responde a un largo litigio entablado por la Comisión europea en 2002, primero contra la ley de 1999 y después ampliado a la de 2003, por estimar que las disposiciones españolas contravenían las del Tratado de la UE. Cuando, a mediados de los años 90, el PP emprendió la privatización de empresas estratégicas públicas (Endesa, Tabacalera...) se reservó derechos de veto en sus consejos de administración, para evitar derivas indeseadas de la propiedad. Las tuvo que levantar en 2005, bajo presión comunitaria, pero en 2000 ya habían servido para frustrar la fusión de Telefónica con la holandesa KPN.