Archiva la causa abierta a Botín por dar acciones de Banesto a directivos

El Tribunal Supremo ha liberado al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, del último proceso judicial que aún perturbaba su futuro (atrás quedan ya las indemnizaciones multimillonarias a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, o las «históricas» cesiones de crédito y su opacidad fiscal), si bien ya en un grado bastante reducido después de que la misma causa fuera archivada hace un año por la Audiencia Provincial de Cantabria. El asunto en cuestión fue el traspaso anómalo, entendido como «regalo» por servicios prestados, del 1% de las acciones de Banesto al entonces equipo directivo de Alfredo Sáenz. En una resolución breve, notificada este lunes a las partes personadas, los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal desestiman por completo los escritos presentados por las acusaciones particulares al considerar que la primera sentencia ya era, de por si, «irrecurrible». En este sentido, explican que el primer órgano competente para resolver este caso eran los juzgados de lo penal de Santander (que no intervinieron porque ni siquiera hubo juicio) y, por encima de ellos, la propia audiencia cántabra, «no siendo en ningún caso susceptible de impugnación casacional (ante el Supremo), sino únicamente de apelación (ante el órgano provincial)». En contra de las tesis del juez instructor del caso y de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso había llegado a presentar un escrito de acusación (donde pedía penas de hasta seis años de cárcel para Botin, seis ejecutivos del Santander y otros dos de Banesto), la audiencia cántabra consideró que no existía «motivo suficientemente fundado» para aceptar la existencia de un delito de apropiación indebida. Y es que, a su juicio, en el momento de recibir esos títulos (1994) «no hubo repercusión económica» para los imputados. Fraude fiscal Una argumentación parecida usó para descartar también la posible existencia de un fraude fiscal por 10 millones de euros, al recordar que Hacienda descartó años atrás de forma implícita incoar un expediente sancionador a los acusados, tras liquidar éstos (aunque con retraso) sus deudas con el fisco. Asimismo, señalaron que los ex directivos de Banesto cumplieron sus obligaciones impositivas antes de que se interpusiera la primera denuncia en su contra (1999), al tiempo que advirtieron que la Abogacía del Estado se retiró del caso.