Las empresas pagan más para afrontar los costes del sistema de protección del desempleo
El abuso de la temporalidad eleva en 7.500 millones las cotizaciones
Trabajo defiende que las políticas sin recorte de derechos laborales benefician a la economía
El Estado quiere reducir la temporalidad en el empleo
El desempleo generado por el abuso de la contratación temporal costó al sistema de protección social 7.500 millones de euros en 2007. Estas prestaciones estuvieron financiadas en gran parte por las cotizaciones de aquellas compañías que mantienen y defienden un mercado de trabajo estable, moderno y de organización compartida con sus empleados. El dato figura en un informe del Ministerio de Trabajo, departamento que, por otro lado, advierte que no se puede utilizar el recorte de los derechos de los trabajadores para contrarrestar el frenazo económico. El secretario general de Empleo, Antonio González, que aboga por colocaciones estables, lamenta la aparición de voces que reclaman mayor desregulación, aumento de la flexibilidad en la contratación y abaratamiento del despido. A su juicio, caminar hacia la desprotección de los trabajadores como coartada para reconducir la economía sería «una orientación totalmente equivocada». González apuesta por adaptar el modelo laboral, con miras a largo plazo, para favorecer la productividad y ahorrar recursos públicos. En su opinión, las políticas formativas y la implicación de los trabajadores en la actividad empresarial son prioritarias para conseguir un ámbito profesional moderno. Apunta que a mayor responsabilidad de la plantilla se obtiene mayor rendimiento. Para el secretario general de Empleo las condiciones de competitividad en España han cambiado tanto que una política de bajos salarios, despidos baratos y jornadas interminables «es inviable». En primer lugar, porque el país ya no puede rivalizar en base a la remuneración de sus ocupados. «Estamos dentro del mundo desarrollado y llevar a cabo una política centrada en la reducción de costes laborales no es posible», remarca. Además, al optar por el recorte de los derechos de los trabajadores se impide el avance en investigación, desarrollo e innovación, a la vez que se bloquea la aplicación de nuevos métodos de gestión en recursos humanos. Otra causa que «obliga a evitar el retroceso» es que no se puede despilfarrar el gasto público con enormes cantidades para el desempleo. Es preciso -insiste González- lanzar una llamada de atención a las empresas.