El mapa eléctrico se reorganizaráconocidos los resultadoselectorales

El culebrón de la pugna por Endesa -saldado con la compra por Enel y Acciona, una solución de último recurso-, dejó en el aire la reorganización del mapa eléctrico español. Empresas nacionales y europeas -l a francesa EDF, la alemana E.On, las españolas ACS y Unión Fenosa, por no hablar de la petrolera Repsol YPF, o de corporaciones como Criteria- aguardan en tensión las pautas del Gobierno que salga de las urnas, antes de tomar la iniciativa en la recomposición del puzzle. Con independencia de su color político, que puede traducirse en rechazo o aceptación, al nuevo Ejecutivo le quedan escasos medios defensivos para conseguir que la reestructuración se haga a la medida de sus deseos. A Bruselas le resulta indiferente el régimen de propiedad del comprador -ya sea de mayoría privada o control público-, de manera que el Tribunal comunitario ha condenado a España por no modificar la legislación que limita los derechos de voto de las empresas extranjeras con participación pública en el sector energético, la conocida como «ley Rato». Una barrera que se viene abajo. Además, la Justicia europea ha resuelto que, al ser las fusiones competencia comunitaria, un Estado no tiene derecho a imponer determinadas condiciones a una oferta -así lo ha fallado en el caso E.On- lo que limita extraordinariamente el campo de actuación de las instituciones nacionales. Pero la mejor defensa es un buen ataque. Y el Gobierno español, tras plegarse a la decisión que le obliga a quitar las condiciones impuestas a la empresa germana -algo perfectamente inútil, puesto que E.On se retiró voluntariamente de la puja-, ha impugnado ante el Tribunal de Luxemburgo el dictamen de la Comisión Europea que vetó, posteriormente, los requerimientos aplicados a Acciona y Enel. La garantía del suministro se ha convertido en el último bastión. El artículo 21 del reglamento europeo de fusiones admite la intervención de los Estados en la protección de intereses legítimos, relativos a distintos aspectos de la seguridad pública, incluso si lo hacen con carácter prudencial. Aprovechando este resquicio, Es paña persigue una interpretación amplia del concepto de seguridad. Pero Bruselas le aguarda a la vuelta de la esquina, porque también cuestiona que atribuciones de este tipo fueran concedidas al regulador español mediante una ley confeccionada ex profeso tras saltar la opa de la alemana E.On sobre Endesa .