| Crónica | Lucha contra el fraude |
Liechtenstein, destino discreto
Aunque la Fiscalía Anticorrupción no facilita los datos, se sospecha que unos noventa presuntos defraudadores a Hacienda han movido cerca de 500 millones de euros a través del pequeño país europeo
Imagen de un banco suizo investigado en el escándalo
La Fiscalía Anticorrupción espera tomar cartas en el asunto de la lista de presuntos defraudadores en Liechtenstein para finales de marzo o principios de abril, tiempo en el que a su vez la Agencia Tributaria podría disponer de un primer balance provisional sobre la situación fiscal de los cerca de 90 españoles que tenían depositados fondos opacos en el citado principado. Hasta el momento, la Administración ha preferido no dar datos concretos sobre este asunto, entre otras cosas porque el temor ha cundido entre una parte de esos contribuyentes que no están al día con Hacienda, y ello ha provocado que «un número considerable» haya optado por reconocer su deuda y tratar de regularizar su situación -eso sí, previo pago de sanción, intereses y recargo- para librarse de consecuencias aún peores, sin descartar la cárcel para algunos. Fuentes de la investigación hablan de un movimiento de fondos cercano a los 500 millones de euros en el caso de los españoles, cuantía muy importante pero alejada de los 1.000 millones en que Francia cifra el presunto fraude a sus arcas (con unos 200 ciudadanos sospechosos) o de los 4.000 que estima Alemania (con un millar de presumibles evasores), todo ello a través de las más de 50.000 fundaciones privadas activas en Liechtenstein y que, en la práctica, sirven en su mayoría de tapadera para ocultar fondos. No obstante, advierten que no todos los casos son iguales ni existen las mismas posibilidades de éxito a la hora de iniciar un procedimiento sancionador que, en función de la cuantía (si supera los 120.000 euros anuales) y si se aprecia dolo (es decir, mala fe, un criterio algo etéreo), terminarían en la correspondiente denuncia por supuesto delito fiscal ante los tribunales. Sería en esta última fase, y sólo en ella, donde intervendría el órgano anticorrupción, si bien siempre para centrarse en los expedientes de mayor peso (que, en cualquier caso, en principio serían tratados de forma individual), mientras que el resto se derivarían a las fiscalías provinciales.