La Justicia no sabe dónde están los 27 millones desaparecidos de Gescartera

El «caso Gescartera» ya está sentenciado -que no finiquitado, pues los recursos de casación que se van a presentar ante el Tribunal Supremo pueden deparar aún alguna sorpresa cuando se resuelvan en dos o tres años-, pero de buena parte del dinero invertido por sus clientes no se tiene ni rastro pese a haber transcurrido ya casi siete años desde que fuera intervenida la polémica agencia de valores. En concreto, la justicia admite que todavía existe un agujero «pendiente de explicación» de 27 millones de euros desaparecidos de la entidad, mientras que de otros 9,5 millones se sabe su origen pero no su paradero actual por falta de datos de las entidades financieras. Ese cálculo, que figura dentro del relato de hechos probados de la sentencia dictada el jueves pasado por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, supone que casi un tercio del déficit patrimonial que Gescartera tenía en aquel momento (87,9 millones, una vez descontado el patrimonio -poco más de un millón- que en cuentas bancarias o valores mobiliarios se encontraron los interventores judiciales) se desconoce realmente cómo se generó y si determinadas personas lo aprovecharon en su beneficio particular. Instrucción, «en falso» Ésta es la sospecha generalizada entre las acusaciones, que consideran que la instrucción del caso se cerró «algo en falso» por la necesidad de no demorar mucho más el proceso, aunque ello frustrará un seguimiento más profundo de los fondos, tarea ya de por si complicada. Varios abogados apuntan con claridad a la operativa que la agencia de valores tuvo en otros países y de la que apenas han mencionado nada los jueces, ni en el auto de apertura de juicio oral dictado en mayo de 2005 ni en la sentencia de primera instancia conocida esta semana. A diferencia de otros procesos, donde los afectados claman por recuperar siquiera una parte de sus ahorros, aquí la declaración provisional de Cajamadrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios en junio de 2004 -confirmada ahora por la Audiencia Nacional- calló muchas bocas ante la clara posibilidad de que dos entidades solventes cubrieran tan mayúsculo agujero.