Salir de pobre, salir de la cárcel

LE ATRIBUYEN a Jesús Gil, a quien hay que reconocerle una cierta autoridad en el asunto, la frase de que «es más difícil salir de pobre que de la cárcel». Su ocurrencia se ha recordado estos últimos días con motivo de la puesta en libertad de Juan Antonio Roca, antiguo asesor de urbanismo del ayuntamiento de Marbella, y del antiguo alcalde de este municipio, Julián Muñoz. Resulta también oportuno ante la sentencia que se dio a conocer recientemente sobre el caso Gescartera en la que el juez hace responsables a La Caixa y Caja Madrid de los casi 90 millones de euros defraudados e impuso una pena de prisión de once años al principal implicado, Antonio Camacho. Buena parte de la opinión pública se pregunta si es justo que quienes, resulta probado, se enriquecieron a través de la estafa y causaron un evidente quebranto a miles de personas, a la administración municipal o al Estado paguen su delito simplemente con una pena de prisión. La realidad es que gracias a la reducción de penas por buen comportamiento carcelario los condenados por este tipo de delitos vuelven a la calle mucho antes de que se cumpla la pena impuesta, aunque no hayan resarcido de las pérdidas a los afectados y nunca llegue a encontrarse el destino del dinero estafado. Es evidente que en los delitos de estafa no resulta válido el sistema represor tradicional del Estado. La experiencia demuestra que la administración de Justicia carece de medios para detectar el destino de los fondos desaparecidos. En buena parte de los grandes casos de estafa, la Justicia sólo tiene el recurso de imponer una pena de prisión a los condenados, que, una vez cumplida, es suficiente para saldar la deuda que tiene con la sociedad y con todos y cada uno de los afectados. No hay que olvidar que en muchos casos la estafa provoca verdaderos dramas personales que dejan en el camino muchos sueños de una merecida vida mejor. La restitución de lo robado o estafado debería imponerse como una obligación para quienes, pasado un tiempo y cumplida su pena en la cárcel, se encuentran de nuevo en condiciones de cometer semejantes irregularidades y gozan de una situación económica envidiable para muchos de los defraudados. No puede transmitirse la sensación de que llevar a cabo un delito de estas características puede ser una apuesta muy rentable a cambio de unos años en la sombra.