El superávit del Estado se desploma un 80% por el frenazo inmobiliario

La factura del frenazo que sufre la economía española, una «crisis» con todas las letras para la oposición frente a la «intensa desaceleración» que aprecia el Gobierno, sigue engordando semana a semana. Esta vez le tocó el turno al saldo presupuestario de enero a mayo donde, según los datos adelantados ayer en el Parlamento por el Ministerio de Economía y Hacienda, el superávit quedó recortado en un 80% respecto al mismo período de 2007, al situarse su saldo positivo en 2.722 millones de euros, muy lejos de los 13.592 millones que se alcanzaban hace un año. Y es que, como se temía desde hace tiempo, la recaudación ligada a los beneficios empresariales y el consumo ya está en franco retroceso, con una caída del 20% en esos cinco primeros meses, donde sólo los ingresos de los impuestos que gravan la renta (IRPF) y la demanda de tabaco resisten el 'tirón, con un crecimiento del 10% en ambos casos. El resultado global fue que la recaudación neta del Estado mermó en un 4%, con un total de 82.445 millones, mientras que los pagos no financieros aumentaron un 4,5% hasta los 56.737 millones. Vistas las cosas, y que la mala coyuntura económica va para largo -los datos, en apariencia, más optimistas, que coinciden con el diagnóstico del Ejecutivo, apuntan al segundo semestre de 2009 como inicio de una recuperación que, en cualquier caso será moderada y progresiva hasta recuperar los niveles de crecimiento de los últimos años-, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció de manera implícita que tenía que haber sido más conservador en sus actuaciones. Otro tipo de medidas Afirmó a este respecto que si hubiera conocido esta sucesión de datos negativos antes de las pasadas elecciones, «seguramente habría reflexionado sobre otro tipo de medidas» distintas a la deducción general de 400 euros para 16,5 millones de contribuyentes vía IRPF, que ha generado controversia tanto por su elevado coste (casi 5.700 millones de euros que habrán de salir las arcas públicas sobre la cantidad que se retiene mes a mes a los trabajadores) como por su alcance limitado (no la cobrarán todos y, entre quienes si lo hagan, uno de cada 10 recuperará una cantidad menor a la citada).