El Gobierno pretende ahora revisarlos márgenes tras meses de quejas

El Gobierno pretende revisar los márgenes comerciales que existen en España en toda la cadena de distribución de un producto, desde que es recogido en origen hasta que termina en manos del usuario final. Así lo dio a entender este viernes el vicepresidente económico, Pedro Solbes, cuando fue preguntado por este asunto durante su comparecencia 'extraordinaria' en el Palacio de La Moncloa para analizar la fuerte subida de los precios en junio (5%). Y es que en vez de acudir al argumento tradicional de la Administración en los últimos meses, en el sentido de poco se podía hacer en el juego del libre mercado y que cualquier actuación podría chocar con la normativa vigente, afirmó que tanto la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) como el Ministerio de Industria «intentarán mejorar al máximo esos costes». Sobre este asunto y, en general la crisis económica, quieren preguntarle de nuevo los grupos de la oposición parlamentaria (por ahora, PP, CiU. PNV e IU-ICV), que han pedido que comparezca de forma extraordinaria este verano en el Congreso de los Diputados. Las palabras de Solbes, aunque pocas -como es habitual en él-, resultan suficientes para pensar en un cambio aparente en la línea de actuación del Ejecutivo, que lleva meses escuchando las quejas de las organizaciones agrarias y asociaciones de consumidores sobre ese asunto y remitiéndolas a su vez a la propia Comisión. Esta última ha dejado claro en varias ocasiones que una Ley de Márgenes Comerciales chocaría con la propia regulación del mercado, y provocaría la intervención de la Unión Europea por vulnerar las normas de competencia. La propia Fiscalía General del Estado comunicó hace apenas un mes a los agricultores que, si bien era consciente de los «desequilibrios» actuales, salvo en casos concretos y probados no se podía iniciar una investigación por supuesta especulación por parte de algunos de los agentes de la cadena comercial. La CNC abrió a principios de abril sendos expedientes a la patronal alimentaria y varias de sus organizaciones sectoriales por supuestas «restricciones» a la libertad de precios, pero excluyó de los mismos a la distribución comercial. Los agricultores, mientras, insisten en que el índice de precios de consumo ha subido desde 1990 casi el triple de lo que ellos han percibido por sus productos, pues las diferencias entre origen y destino a la hora de valorarlos llegan hasta el 400%. Ante esta problemática de difícil resolución, el Gobierno sólo se ha comprometido -ya lo hizo en la pasada campaña electoral- a introducir «mayor transparencia», mediante un nuevo observatorio de precios del comercio minorista que, tras varios retrasos, podría estar en marcha antes de finales de año. Para entonces se sabrá ya si la liberalización total de horarios aprobada en la Comunidad de Madrid sirve para bajar la inflación y crear más empleo. De momento, la única en acogerse a la medida ha sido la cadena Carrefour, que abrirá sus 21 supermercados de este territorio hasta las once de la noche.