Martinsa anuncia una regulación de empleo sobre el 25% de su plantilla

Martinsa-Fadesa quiere despedir a 234 trabajadores, lo que supone el 25% de la plantilla. Así se lo explicaron este martes los responsables de recursos humanos de la inmobiliaria -que también presentó un concurso voluntario de acreedores al no poder atender sus deudas- a los representantes de los trabajadores. Los sindicatos exigen «las mejores» condiciones para quienes salgan de la compañía y temen por el futuro del resto de compañeros y de los proveedores ante la posibilidad de que la empresa desaparezca, hundida por su crítica situación financiera. Mientras, los bancos acreedores provisionan dinero a toda velocidad para cubrir los impagos de la firma controlada por Fernando Martín. Uno de cada cuatro trabajadores de Martinsa-Fadesa ha de abandonar la empresa. Ese es el cálculo que maneja la inmobiliaria ante la nueva situación, dominada por la falta de liquidez y la enorme presión de bancos, que tienen muy difícil cobrar todas sus deudas que, en conjunto, ascienden a 5.100 millones de euros. Queda por ahora conocer el 'reparto' por regiones y categorías de personal de ese expediente de regulación de empleo (ERE). Los más afectados serán los centros de Galicia, Madrid y Andalucía. Los representantes de los trabajadores son conscientes de las dificultades que atraviesa la compañía de Fernando Martín. Pero su temor no se limita al presente sino que se extiende al futuro más inmediato, sobre todo al de los miles de personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas subcontratadas por Martinsa-Fadesa. Cabe recordar que en el negocio inmobiliario estricto la proporción entre empleo directo e indirecto es de uno a tres, mientras que ese ratio se eleva a uno por nueve en el segmento constructor. La quiebra de Martinsa-Fadesa amenaza así con llevarse por delante muchos empleos. La petición de concurso voluntario de acreedores (presentada este lunes ante el juzgado de los Mercantil de La Coruña) hizo mover ficha rápidamente a los bancos acreedores de Martinsa-Fadesa. Sobre todo a los que el pasado mes de mayo le refinanciaron 4.000 millones de euros. Entre estos, La Caixa, Caja Madrid y Popular, que suman 2.400 millones en créditos a la compañía. Las tres entidades anunciaron ayer martes que han provisionado (apartado) dinero suficiente para cubrir los más que posibles impagos de la inmobiliaria. La caja madrileña ha puesto a buen recaudo 250 millones de euros; la catalana, otros 192 millones mientras Popular, muy castigada en Bolsa por su relación con Martinsa-Fadesa, ha hecho lo propio con 100 millones. La cuestión es que Martinsa-Fadesa no es aún morosa en sentido estricto, pues han de pasar dos trimestres consecutivos sin abonar sus créditos para ser considerada como tal, aunque es casi evidente que esos pagos no van a llegar. Al menos en su totalidad. La inmobiliaria se empeña en señalar que su problema es de liquidez, no de valor, y que hará lo que sea necesario para seguir operando y generar dinero con que atender sus deudas. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía recordó que el conjunto de sus activos -de los que está dispuesto a desprenderse en la medida que sea necesaria- valen 10.804 millones. Mitigar la situación Una estimación realizada a 31 de diciembre por la consultora Richard Ellis que muchos ponen en duda 'a los precios de hoy'. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió este martes al concurso de acreedores de la inmobiliaria para señalar que el Gobierno trabaja para «mitigar» los efectos de la insolvencia de la empresa. «En cualquier caso, El ejecutivo se ocupará de atender a los trabajadores en el marco el ERE que pueda plantearse», añadió. _el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se refirió al asunto para insinuar que «es un buen momento» para que el Gobierno compre suelo de la empresa en quiebra con el objetivo de dedicarlo a vivienda protegida. Afirmación que fuentes gubernamentales matizaron después como una afirmación personal de Sebastián. Por parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho aseguró que la compra de Fadesa por Martinsa (por la que Fernando Martín y sus socios pagaron 2.200 millones justo antes de que comenzara la crisis del ladrillo) fue un tanto «arriesgada». En cualquier caso, señaló que «habrá que esperar» para ver cómo evoluciona el caso y que su departamento espera que se resuelva «lo mejor posible».