La ministra y Zapatero resaltan que la medida «no tiene nada que ver» con la crisis del sector
El Gobierno comprará suelo por 300 millones para construir VPO
La cuantía de esa ayuda aparente será escasa en relación a las deudas abultadas que acumula el sector
El Gobierno hará un pequeño guiño a las inmobiliarias en medio del desplome que sufre este sector, que ha venido aportando el 18% del producto interior bruto (PIB) pero con el pretendido nuevo modelo productivo reduciría su peso hasta el 11% o el 12%. Eso sí, la cuantía de esa ayuda aparente será escasa en relación a las deudas abultadas que acumulan las empresas. En realidad, el plan anunciado este miércoles por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, puede matar dos pájaros de un tiro pues, por un lado, gastará 300 millones de euros del dinero público en comprar suelo que ahora está en manos privadas, una suma modesta para las grandes compañías del ladrillo pero que serviría de salvavidas para cualquiera de las medianas o pequeñas. De otra parte, agilizará el ambicioso plan de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) del Ejecutivo, que pretende construir 1,5 millones de casas de este tipo durante los diez próximos años. En cualquier caso, tanto la titular del departamento como el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero insistieron en sendas intervenciones públicas que dicha operación «no tiene absolutamente nada que ver» con la crisis inmobiliaria -cuyo último dato es la caída de un 80% en las ventas del primer semestre de Sacyr-Vallehermoso, una de las grandes, si bien su ritmo de viviendas entregadas creció casi un 23%-, y para argumentarlo el jefe del Ejecutivo enfatizó que, «si se conocen las cuentas actuales del sector -sólo la deuda que arrastra Martinsa-Fadesa, pendiente de que se admite el concurso de acreedores que ha solicitado, supera los 5.100 millones-, sabemos que suponen esos 300 millones». Más aún, frente a la oposición del PP a la compra de terrenos privados, tanto Zapatero como Corredor señalaron que es una medida «social» y «estructural», en la medida que busca «garantizar el derecho a una vivienda» con «un precio más accesible».