La patronal pide que el ICO avale créditos para la actividad diaria

Los empresarios quieren que el Gobierno encargue al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la apertura de una línea de avales que permita a las entidades financieras conceder a las empresas créditos con los que seguir desarrollando la actividad de cada día. Por añadidura, algunas asociaciones empresariales consideran que la crisis hace más necesaria que nunca la adopción de medidas de flexibilización económica. Las compañías, y sobre todo las pymes (pequeñas y medianas empresas), han comenzado a padecer de tal manera la sequía crediticia que la falta de financiación ya constituye un problema de supervivencia para muchas de ellas. La estadística de las empresas que presentan concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- no revela la gravedad de la situación, aseguran en Cepyme (patronal de las pymes). Cientos de empresarios se están financiando a costa de su propio patrimonio y para cuando se den cuenta tendrán que ir directamente a la quiebra. Recursos excepcionales Las líneas abiertas por el ICO, dispuestas a estas alturas del año entre un 72% y un 75%, acuden en auxilio de las empresas en situaciones de normalidad, puesto que financian inversión y nuevas iniciativas emprendedoras (crecimiento, internacionalización). Pero esta agencia del Gobierno también canaliza recursos excepcionales, como los 3.000 millones que el Ejecutivo se propone destinar a que el sector inmobiliario puede renegociar las condiciones de sus préstamos a cambio de destinar promociones al alquiler durante un periodo que oscilará entre siete y diez años. Los empresarios quieren que se habilite otra línea de salvamento de este tipo, esta vez con carácter general. El ICO aportaría los avales para que las entidades financieras concedieran a las sociedades en apuros créditos de capital circulante y de tesorería que les permitieran superar el bache y seguir en activo. El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lo ha pedido, con carácter excepcional y para lo que resta de 2008 y el año 2009, porque cree que esta medida «evitaría el cierre definitivo de muchas empresas y la destrucción de miles de puestos de trabajo».