El Gobierno edita una guía para erradicar el peligro del amianto

El Gobierno asume que el amianto, cuyo uso hoy está prohibido, ha matado a miles de trabajadores porque las medidas preventivas fueron insuficientes o inadecuadas. Pero ahora, está dispuesto a que en el futuro no se vislumbre la más mínima amenaza. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) ha editado una guía con recomendaciones básicas para que actúen los técnicos, porque «sólo operaciones escrupulosamente planificadas, controladas y verificadas aseguran la ausencia de peligro». Por ejemplo, una vez detectada la presencia del mineral-piedra es imprescindible saber tratarlo e impedir que se parta y que sus fibras se esparzan por el aíre. El amianto es un contaminante con estructura especial. Su rotura desprende filamentos que producen asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma de pleura y peritoneo, efectos graves e irreversibles, con largo período de latencia -puede superar los 30 años-. En consecuencia, la prevención se ha convertido en el único método para evitarlos. La responsable de la guía, Carmen Arroyo, explica que los materiales que contienen este mineral son muy variados y su instalación, dispersa. Aparecen en grandes cantidades como en el recubrimiento ignífugo de un edificio o en pequeñas, como en diversas piezas o instrumentos de fábricas o naves. Una vez prohibida su utilización, el riesgo radica sobre todo en operaciones de demolición y desmantelamiento de edificios, unidades e instalaciones industriales, transporte de residuos, y vertederos. Gratis en página web La guía será colgada en la página web del Instituto y presentada el próximo miércoles en Baracaldo (Vizcaya), en el transcurso de una jornada sobre evaluación y prevención de los problemas del amianto. Arroyo insiste en que «la cantidad de mineral no es un indicador del riesgo». «El peligro se relaciona con el número de fibras respirables que se desprendan y contaminen el aire. Ahora bien, las hebras no se sueltan si el amianto está en buen estado y no se somete a intervenciones que dañen su integridad», advierte. La elaboración del libro ha llevado dos años, está financiado vía Presupuestos Generales y cuenta con el consenso de la Administración Central, comunidades, organizaciones empresariales y sindicales, y expertos. Su contenido carece de valor legal, es un instrumento de trabajo que facilita la aplicación en la calle y en los ámbitos laborales de la regulación existente. Su fin esencial es pues conseguir que una vez realizados los trabajos no queden riesgos ni contaminación.