Diario de León
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El Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios nació por decreto aprobado el 11 de noviembre de 1977. Aunque inicialmente se creó como un simple seguro de depósitos, sucesivas modificaciones lo adaptaron hasta convertirlo en instrumento eficaz a la hora de salvar a entidades en dificultades. Para una mejor adecuación se constituyeron tres fondos, orientados a actuar en los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, respectivamente. Por ley, los fondos se nutren de las aportaciones de los socios -”las entidades de cada subsector-” y del Banco de España. Pero en 1997 se suprimió con carácter definitivo la contribución del instituto emisor. De ahí que sea verdad, al menos en parte, el argumento de que un rescate a través del FGD no echa mano de recursos públicos.

Los episodios más notorios de salvamento se han llevado a cabo, por otra parte, con la cooperación de las entidades más fuertes. Así ocurrió cuando hubo que abrir el paraguas en la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta. Por Banca Catalana pujó, en la primavera de 1983, La Caixa, pero fue el Banco de Vizcaya el que se llevó finalmente la entidad. De 17 de los bancos de la expropiada Rumasa se hizo cargo, en julio de 1984 un consorcio de ocho bancos y el intervenido Banesto salió a flote, finalmente, con un plan de saneamiento financiado a medias entre el Fondo de Garantía de Depósitos y la banca privada. La implicación de esta última fue total, y comprendió desde el préstamo de un equipo gestor, hasta la participación en la subasta que insertó el banco en la órbita de uno de los grandes grupos.

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