España aprueba su adaptación de la norma europea, que flexibilizará la apertura de nuevos negocios

madrid

Garantizar el libre acceso a las actividades del sector servicios y eliminar los obstáculos administrativos que hoy tienen que sortear las empresas a la hora de ejercer dichas actividades es el objetivo de las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros este viernes para el sector terciario: un proyecto de ley para transponer a España la directiva de servicios de la Unión Europea, que equivale a abrir este segmento al mercado único europeo, y un anteproyecto que introduce en 46 leyes nacionales los cambios imprescindibles para garantizar su aplicación a todas las áreas. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, espera que esas innovaciones creen 200.000 empleos, incrementen el PIB un 1,2% y mejoren la productividad.

La directiva europea de servicios, que los Estados miembros de la UE deben incorporar a sus ordenamientos jurídicos antes de fin de año, pretende instaurar a escala continental un mercado único de servicios.

Para ello, hay que homogeneizar en un sentido liberalizador las veintisiete legislaciones nacionales y, no menos importante, derribar las barreras burocráticas que retrasan el desarrollo de actividades entre países.