El Gobierno fuerza la suspensión de la nueva Ley de Cajas de Aguirre

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La polémica Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, reformada el pasado diciembre por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, deberá esperar en un cajón hasta poder ser aplicada. El Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que presente en su nombre un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, al considerar que vulnera la estatal Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (Lorca) y sus criterios de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales en la entidad financiera.

La decisión, tomada tras el preceptivo informe del Consejo de Estado y un segundo análisis del Ministerio de Administraciones Públicas, supone un verdadero varapalo a Esperanza Aguirre, que ya vio recientemente cómo la asamblea general de Caja Madrid se pronunciaba en contra del texto. Además, al ser el Gobierno quien promueve el recurso, que puede ser presentado el lunes, la ley queda automáticamente suspendida. Al menos hasta dentro de cinco meses, cuando el Tribunal Constitucional ha de revisar la paralización.

La norma regional, que modifica los estatutos y el régimen electoral de Caja Madrid, se ha convertido en una patata caliente dentro del Partido Popular, puesto que su aplicación ha enfrentado de forma abierta al gobierno de la región y al ayuntamiento de la capital. Los servicios jurídicos del gabinete de Alberto Ruiz-Gallardón también han acudido a los tribunales para intentar frenar el texto promovido por Aguirre, al considerar que vulnera la Constitución y deja la caja en manos de la presidenta madrileña.

La suspensión automática no es asunto baladí, puesto que tras la negativa de la asamblea de la caja a modificar los estatutos (el pasado 25 de marzo), la Comunidad de Madrid advirtió que impondría los cambios antes de un mes.

Espectáculo

El enfrentamiento entre la presidenta madrileña y el alcalde ha llegado incluso al Parlamento. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a recriminar al líder del PP, Mariano Rajoy, su osadía al cuestionarle el manejo de la crisis económica cuando él no era capaz de resolver «el espectáculo de Caja Madrid». A continuación, el jefe del Ejecutivo ofreció toda su colaboración para resolver el entuerto.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó este viernes que el dictamen solicitado al Consejo de Estado avala la tesis del Gobierno de la nación, que defiende que la norma de Aguirre altera los criterios de la Lorca «al establecer fórmulas de ponderación» y no de proporcionalidad. La norma estatal es muy clara al señalar que cuando una entidad tenga oficinas en varias comunidades autónomas, la representación en la asamblea general de los distintos grupos (ayuntamientos e impositores) ha de regirse por los principios de igualdad y proporcionalidad a la cantidad de depósitos.