La Comisión Nacional impone sanciones a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo
Competencia multa con 35 millones a las eléctricas por abuso de posición
Castiga la negativa a facilitar datos sobre los clientes a la compañía británica Centrica
Las eléctricas anuncian recursos para las sanciones
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas que suman un importe de 35,8 millones a las divisiones de distribución de Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo. El organismo presidido por Luis Berenguer castiga así lo que entiende un abuso de posición de dominio de las compañías sancionadas, que han negado información relevante sobre clientes que estaban obligadas por ley a dar a la sección comercializadora de la firma británica Centrica. Las empresas sancionadas han explicado que recurrirán la decisión.
El consejo de la CNC ha dictado cuatro resoluciones independientes. Del total de la sanción, 15,3 millones corresponden a Endesa Distribución; otros 15 millones, a Iberdrola distribución; Unión Fenosa se enfrenta a una multa de 5 millones y el medio millón restante deberá abonarlo Viesgo. El legislador, recuerda Competencia, ha desarrollado en la última década un conjunto de normas en pro de la transparencia y encaminadas a facilitar el acceso a la información sobre los consumidores a las comercializadoras independientes.
La negativa a ofrecer esa información, asegura la CNC, «restringe la capacidad para competir de la denunciante con las comercializadoras de los grupos -verticalmente integrados- denunciados». Creando así, añade Competencia, una desventaja informativa «que precisamente el regulador había querido soslayar mediante la aprobación de la pertinente legislación sobre acceso a la información».
Además, la CNC entiende que en el caso de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa se ha cometido otra conducta abusiva, al negar a Centrica la información que, en cambio, sí dieron a las comercializadoras de sus propios grupos. Un claro ejemplo, entiende Competencia, de discriminación.
El argumento de la CNC se basa en el Real Decreto del 2002 por el que se creó una base de datos (denominada (SIPS) en la que consta información detallada sobre los consumidores a los que las distribuidoras llevan la electricidad. Información que debe ser accesible a los comercializadores.
La obligación de ofrecer información a las comercializadoras levantó ampollas entre las grandes eléctricas. De hecho, la patronal del sector, Unesa, llevó el asunto a los tribunales, donde llegó a conseguir una paralización temporal de la medida. Un freno que anuló en mayo del 2008 la Audiencia Nacional.