Los promotores pretenden que el Gobierno asuma los pisos que ellos no venden

madrid

Tras los años de vino y rosas de los que ha disfrutado el ladrillo español, muchos promotores viven hoy con agua al cuello, y quieren que el Estado les saque del atolladero. El sector acumula más de 300.000 millones de euros en créditos que pidieron para levantar unas casas que ahora no logran vender. Un lastre financiero que ahoga a los constructores en muchos casos hasta la asfixia, que llega en forma quiebras y concursos de acreedores. La gran patronal del sector (Apce) reclamó este viernes al Estado que asuma parte del stock, cifrado en casi un millón de unidades.

La propuesta, lanzada por el presidente de la organización, José Manuel Galindo, supondría la creación de una empresa pública que avalara o se subrogara (se quedara) esos créditos millonarios y dedicara después las casas al mercado del alquiler o, incluso, al de la compra. Con las rentas que lograra el Estado o la administración correspondiente por los arrendamientos o las transmisiones se pagarían después los préstamos. Una forma sencilla de convertir el riesgo promotor en riesgo Estado.