El ministro de Trabajo reclama a los partidos que no usen las prestaciones como «arma arrojadiza»
Corbacho pide alargar la vida laboral a 65 años para pagar las pensiones
Recomienda «contención» y «prudencia» a la hora de hacer propuestas legislativas
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho
madrid
Es preciso conseguir que la edad real de jubilación, situada ahora en 63 años y 10 meses, se acerque al máximo a la edad legal, establecida en los 65 años; pero en ningún caso se debe prolongar de manera obligatoria la vida laboral de los españoles. Este es uno de los retos que debe afrontar con consenso, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de velar por la viabilidad del sistema público de pensiones «uno de los mejores del entorno». Además, sus señorías tendrán que abordar cómo se impulsa la natalidad y el apoyo a las familias para contrarrestar el envejecimiento de la población; y la ampliación de la población activa con mayor número de ocupados, sobre todo de mujeres.
«Me parece razonable la flexibilidad a la hora del retiro profesional», resaltó el titular de Trabajo. «No estoy de acuerdo en aumentar la edad de jubilación más allá de los 65 años de manera universal», explicó. A su juicio, no se puede tratar igual a una persona que ha trabajado en un andamio que a otra que ha desarrollado su actividad en sectores menos peligrosos. Recordó que el sistema ya permite continuar de forma voluntaria en el mercado laboral a aquellos trabajadores que alcanzados los 65 años desean una pensión mejor, iniciativa que conlleva igualmente mejoras para las empresas que cuentan con estos empleados.
El ministro que intervino a petición propia y del PP en la comisión del Pacto de Toledo resaltó también la importancia de estrechar más las aportaciones realizadas por los trabajadores mientras mantienen su actividad profesional a las prestaciones recibidas cuando se abandona el mercado laboral, propuesta que supone que el Gobierno es proclive a ampliar el periodo de cálculo para fijar el importe de la prestación. En la actualidad se tienen en cuenta los últimos 15 años de la vida profesional del trabajador. Asimismo consideró imprescindible conseguir «una mayor eficiencia en la administración» de los recursos para mantener y reforzar «la confianza de los españoles en su sistema de pensiones». Ahora bien, matizó Corbacho, la actuación de sus señorías debe estar presidida por «la prudencia» para que a la hora de hacer propuestas legislativas los efectos estén controlados.