Vivienda avalará el 50% del importe de los nuevos créditos de VPO

madrid

«La peor hipoteca es la que no se da». Esa es la filosofía de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que ha decidido utilizar el presupuesto de su departamento para compartir con las entidades financieras el riesgo de la morosidad y forzarlas así a abrir el grifo de los créditos a la compra de pisos protegidos. Desde el próximo 1 de julio, y durante este año y el siguiente, el Estado avalará -a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- el 50% del importe de las nuevas hipotecas para VPO que se suscriban en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

La medida busca en realidad dar cobertura a todas esas familias de recursos limitados pero perfectamente solventes que hoy se acercan a bancos y cajas para intentar firmar un préstamo para VPO y reciben un rotundo «no» por respuesta. La crisis económica, explicó Corredor, ha llevado al sector financiero al extremo de negar cualquier dinero a miles de personas que hasta hace muy poco eran bienvenidas en las sucursales.

La novedosa ayuda es fruto de una intensa negociación entre Vivienda y las grandes patronales de bancos y cajas, que logran de este modo «la mejor garantía de todas, la del Estado», subrayó la ministra. Y es que con las entidades centradas en captar depósitos y más que atentas a la solvencia de los clientes, muchos de los eventuales compradores de VPO lo tenían prácticamente imposible.

El aval, reconocen fuentes del sector, es una buena noticia para todos: los ciudadanos acceden a la vivienda, se libera stock y la banca presta dinero con algo más de alegría al contar con un respaldo sólido. Algunas voces señalan que la garantía es un auténtico favor al mercado financiero, que habría presionado en busca de un compañero con el que sobrellevar el riesgo.

El aval, cuya fórmula aún tiene que definirse, cubrirá riesgos por impago hasta el límite del 3% del ratio de morosidad en hipotecas de VPO de cada entidad que se adhiera al Plan 2009-2012. Esta garantía no será ilimitada, sino que se ceñirá a los cinco o seis primeros años del crédito, el periodo en el que habitualmente se producen más impagos.

Según los cálculos de Corredor, en el año y medio en que estará vigente el aval público se podrán formalizar unas 100.000 operaciones de financiación de VPO, lo que supone garantizar desde el Ministerio el pago de unos 6.000 millones de euros. Para intentar reanimar el mercado, Corredor ha dispuesto que disfruten también del mecanismo las adquisiciones de pisos libres cuyos promotores trasladen al ámbito protegido. En ningún caso, eso sí, se beneficiarán las hipotecas de VPO ya vigentes.

No todas las entidades tendrán la misma ayuda del Gobierno ya que Vivienda ha creado la figura del «colaborador preferente»: aquel banco o caja que más se involucre en la concesión de préstamos de pisos protegidos. Para «ganar» ese título, la institución de turno deberá conceder más de 75 millones anuales en hipotecas para VPO o mejorar en 20 millones durante un ejercicio lo ofrecido en el anterior.

Esa colaboración con el Gobierno tiene premio, pues los «colaboradores preferentes» se beneficiarán de avales más largos y, sobre todo, de una mayor cobertura del nivel de impagos. El 3% de la cartera de VPO es el máximo, al que sólo accederán los que más dinero concedan. La ministra subrayó que la morosidad general en créditos para la compra de vivienda se sitúa en el 2,36% y que ese ratio es «bastante inferior» en el caso de los pisos protegidos, con lo que la barrera del 3% «cubre de sobra» el hipotético riesgo que puedan asumir bancos y cajas.