Trabajo cifra en 4.600 millones el coste de la rebaja ofrecida a la Ceoe
El secretario de Estado de la Seguridad Social lanza un mensaje tranquilizador de que el Gobierno se hará cargo de cualquier déficit si se reducen las cotizaciones
La rebaja de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social -”medio punto, con carácter estructural, en el 2009; y un punto temporalmente durante el 2010-” supondrá una pérdida de ingresos y, por lo tanto, un ahorro para los empleadores, de unos 4.600 millones de euros, según informó ayer el secretario de Estado, Octavio Granado.
La reducción de 1,5 puntos es la última oferta y, al parecer la definitiva, planteada por Moncloa a la patronal Ceoe en la mesa de diálogo social en busca de un acuerdo.
El proceso se reanudará oficialmente hoy con una nueva reunión tripartita.
El descuento de 0,5 puntos estará vinculado a la aportación por accidente y enfermedad profesional y supondrá 1.600 millones de euros, y el de un punto, a las contingencias comunes y representará alrededor de 3.000 millones.
Granado durante su explicación lanzó un mensaje tranquilizador. Hizo hincapié en que cualquier posible número rojo, generado por la medida, será resarcido por el Estado porque «el sistema de la Seguridad Social se mantendrá fuerte, consolidado y en equilibrio». No aclaró sí la compensación se llevará a cabo vía déficit o deuda pública.
La reducción de cotizaciones está incluida en una nueva propuesta del Gobierno a los interlocutores sociales. El documento consta de 16 páginas, y 35 medidas.
Tercera propuesta. El nuevo borrador es el más extenso presentado hasta la fecha y abarca además, entre otras iniciativas, la ayuda de 420 euros al mes para los parados sin protección, rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades durante tres años para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los cinco millones de euros; mejora del funcionamiento de las líneas ICO-”Liquidez; intensificar la inversión pública en infraestructuras; reordenación del sector de la vivienda; mejora de los servicios públicos de empleo; control de la incapacidad temporal; o igualdad de trato.
El escrito termina con una llamada a las comunidades para que se impliquen en el desarrollo del posible acuerdo.
Por su parte, el Gobierno se compromete a reforzar la colaboración con las autonomías, siempre con respeto a la distribución de competencias entre la administración general y las territoriales.