Los parados sin prestación podrán rescatar su plan de pensiones
Los parados que no reciban prestación o la hayan agotado, y los autónomos que hayan cesado en su actividad y se inscriban como demandantes de empleo podrán rescatar sus planes o fondos de pensiones sin necesidad de esperar un año como hasta ahora.
Así lo explicó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros, que reformó el reglamento pertinente para dar oxígeno a los más acuciados por la crisis. «Así podrán disponer antes de sus planes para atender sus necesidades económicas», dijo.
Periodo mínimo. Hasta ahora, en el supuesto de los parados de larga duración, el rescate del dinero exigía un periodo mínimo y continuado de 12 meses en situación legal de desempleo, hallarse inscrito como demandante de empleo y no tener derecho o haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
Para los autónomos, la exigencia se centra en el cese de actividad y en el hecho de estar inscrito como demandante de empleo durante 12 meses. A partir de ahora, y en ambos casos, desaparece la exigencia de esos doce meses.
El Consejo de Ministros aprobó tamién la eliminación del procedimiento de autorización previa que se exigía a los fondos de pensiones para operar como fondos abiertos.
El Gobierno, dando cumplimiento a un acuerdo cerrado con las organizaciones de autónomos, acordó también varios cambios ventajosos para el colectivo, así como para las cooperativas y sociedades laborales.
Entre éstos, el aumento hasta el 80% del límite de pago único de prestación destinada a inversión para jóvenes de hasta 30 años o mujeres de hasta 35. Además, se elimina el actual límite de 24 meses que tienen los asalariados para optar a ser socios de las cooperativas. Ambas medidas estarán vigentes hasta 2010.
Bonificación a los autónomos. Los autónomos verán bonificadas durante 24 meses y en un 50% las cuotas de la Seguridad Social del primer asalariado que contraten de forma indefinida. Algo que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, el Ejecutivo acordó cancelar las deudas contraídas por cooperativas y sociedades laborales con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), resultado de la crisis de los pasados años ochenta.