Las autonomías discrepan sobre cómo extender la ayuda de los 420 euros
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, asegura que la retroactividad de la prestación es un tema abierto, aunque advierte de su elevado coste
el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
La reunión que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, mantuvo ayer miércoles con los consejeros de empleo de las autonomías sacó a la luz las divergencias entre los gobiernos territoriales sobre la manera de hacer frente a la situación de los de parados que ya han agotado la prestación por desempleo o van a ver concluido este derecho en los próximos meses.
La retroactividad en el cobro de 420 euros mensuales, una ayuda que el Gobierno ha aprobado sólo para quienes agoten la prestación a partir del pasado 1 de agosto, es un asunto que «sigue abierto», según declaró la secretaria general de Empleo al término de la reunión. Maravillas Rojo evocó, no obstante, el elevado coste que la medida ya alcanza en sus actuales términos.
El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, se verá en la necesidad de concretar la disposición del Gobierno a ampliar la prestación en la comparecencia que mantendrá ante la comisión correspondiente del Congreso, a la que ha sido requerido por los grupos parlamentarios para dar explicaciones sobre la polémica suscitada por las limitaciones de la ayuda. La secretaria general de Empleo se adelantó a las críticas. «La medida no es improvisada ni se puede calificar de parche», defendió cuando los consejeros de Castilla y León o de Madrid presentes en la conferencia sectorial censuraron la forma en que ha sido acordada.
Complemento de 200 euros. Los representantes de autonomías y municipios plantearon a Trabajo sugerencias de todo tipo. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, propuso que las comunidades complementen con 200 euros adicionales los 420 euros de la aportación del Estado para que la suma permita a los beneficiarios obtener el equivalente al salario mínimo y, a cambio de seguir programas de formación y desempeñar un trabajo social, seguir cotizando a la Seguridad Social. Castro aseguró que la iniciativa contaba con el apoyo de Cataluña y Andalucía y la secretaria general de Empleo recordó que no es una novedad, puesto que ya tiene precedentes en convenios suscritos años atrás.