SEGÚN UNA ESCUELA DE NEGOCIOS
La Administración cuesta a cada español 9.816 euros al año
Catalunya ocupa la primera posición por debajo de la media
La Administración Pública le cuesta a cada español 9.816 euros al año de media, según un estudio sobre el coste de la Administración Pública, elaborado por la escuela de negocios EAE Business School. La administración del País Vasco es la que más cuesta por habitante, con 13.673 euros. Le siguen la de Navarra (11.704 euros), Extremadura (10.645), Aragón (10.118), Castilla-La Mancha (9.953) y Castilla y León (9.860), comunidades con cifras superiores a la media.
Por debajo de la media, Catalunya ocupa la primera posición, ya que la Administración Pública le cuesta a cada ciudadano 9.778 euros. Le siguen Cantabria (9.717 euros), Andalucía (9.608), La Rioja (9.676), Baleares (9.518), Galicia (9.406), Canarias (9.425) y Asturias (9.286).
Crecimiento de la masa salarial
El informe señala que en España la masa salarial de los empleados de la Administración Pública ha crecido el 59,2% en los últimos ocho años y los costes salariales han pasado de ser 1.608 euros por habitante en el 2000 a 2.560 euros en el 2008.
La masa salarial en España ha crecido en un 37% en los últimos ocho años, mientras que en la UE lo ha hecho un 33%, cifras muy alejadas del 0,6% de Alemania, añade. EAE Business Scholl explica este aumento en el caso español por el incremento de funcionarios en las administraciones autonómicas y locales.
Mantener los sectores públicos 'a raya'
El estudio compara el coste salarial por empleado del sector público frente al privado y afirma que en España el coste salarial del público excede un 20% al del coste por empleado del sector privado. En cuanto el gasto público por habitante, el informe apunta que ha crecido en un 58,5%, frente al 17,7% de Alemania o el 36,2% de media en la UE.
El estudio concluye que las comunidades con mayor peso del funcionariado público tienden a presentar niveles más bajos del PIB per capita. Mario V. González, director del estudio, subraya la importancia de mantener el tamaño de los sectores públicos "a raya" para fomentar la productividad y eficiencia económica.