Diario de León

España otorgó ayudas ilegales para la compra de empresas extranjeras

La Comisión Europea ordena la devolución de las ventajas fiscales otorgadas a las multinacionales pero sólo en las operaciones realizadas desde finales del 2007

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en una imagen de archivo.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en una imagen de archivo.

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Fernando Pescador | bruselas
León

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La Comisión europea falló ayer que las ventajas fiscales otorgadas en España a la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, y que se concretan en deducciones sobre el impuesto de sociedades para compensar la diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado, no se atienen a las normas de la competencia y deben ser derogadas. En su decisión, que clausura una investigación abierta sobre estas prácticas hace ahora dos años, la Comisión ordena la recuperación de las ayudas concedidas en base a estas disposiciones fiscales, pero sólo a partir del 17 de diciembre del 2007, lo que deja al margen de la exigencia a la práctica totalidad de la expansión internacional de las grandes empresas españolas llevada a cabo la última década.

La noticia de que Bruselas estaba investigando la legitimidad de estas exenciones fiscales salió a la luz el 10 de octubre del 2007, lo que dio tiempo más que suficiente a las empresas potencialmente concernidas por una probable condena del modelo, como al final ha sucedido, para tomar las medidas oportunas a fin de no incurrir en sanción. Las investigaciones de Bruselas tuvieron su origen en denuncias formuladas a raíz de operaciones de empresas españolas en el exterior, como las adquisiciones de O2 por Telefónica, Scottish Power por Iberdrola o las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra para la concesión de autopistas en Francia. Todas ellas han quedado libres de penalización, por la fecha a partir de la cual Bruselas reclama la devolución de ayudas.

Reacción española. El secretario de Estado español de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que el Gobierno no recurrirá esta decisión e incluso mostró su «satisfacción» por ella, ya que no ha sido retroactiva. España ha mantenido negociaciones durante tres años y al final la Comisión ha respetado el «principio de confianza legítima», permitiendo que no haya retroactividad y con el compromiso español de suprimir el artículo que permite las deducciones, explicó Ocaña, quién señaló que las deducciones que deberán ser devuelta serán cantidades

porque las compañías dejaron de recurrir a las mismas cuando conocieron la apertura del expediente.
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