Bancos y cajas, obligados a reforzar su capital para poder prestar dinero
Las medianas y pequeñas entidades se refugian en las fusiones virtuales, mientras las grandes presionan para que se no endurezcan las exigencias
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con Miguel Blesa.
La crisis financiera está a punto de cambiar radicalmente el mapa bancario español. El próximo año va a coincidir el momento más duro del negocio -”morosidad elevada junto a tipos de interés bajos dejarán cada vez menores ganancias-” con las nuevas exigencias de capital que impondrán los organismos internacionales de vigilancia . Preservar más fondos para cubrir las pérdidas esperadas y también las que puedan producirse en momentos de dificultades implica destinar aún menos recursos a los préstamos a clientes. Por eso bancos y cajas buscan una solución que les permita, al menos, mantener el nivel de actividad y, en la medida en que se recupere una demanda solvente, aumentarlo.
Los fondos propios que necesitan reforzar las entidades son el capital, las reservas y las cuotas participativas. Numerosos bancos han realizado ampliaciones, pero esta fórmula no está al alcance de las cajas, y muchas recelan de las cuotas participativas, una figura especial creada para cubrir sus necesidades. Sindicatos y fuerzas políticas de izquierda piensan que abren una vía a la privatización del sector. Además, puesto que cada partícipe puede adquirir el 5% de capital como máximo, las alianzas son poco viables. La necesidad de reforzar la solvencia se manifiesta sobre todo en estas entidades de ahorro.
Una serie de cajas han emprendido procesos de fusión y las concentraciones dentro de un territorio son las operaciones favoritas de las autoridades autonómicas, porque facilitan el reparto de la representación de los poderes locales.
El Banco de España, que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como no pudo convencer al Gobierno para cambiar la ley de Órganos Rectores de las Cajas y recortar en ellos la presencia política, diseñó el Sistema Institucional de Protección (SIP). Los SIP, también conocidos como «fusiones virtuales» o «fusiones frías», no podrían ser vetados por un gobierno autonómico por no figurar en las leyes regionales. Pero las comunidades de Madrid y Andalucía ya se han apresurado a incluirlos en su regulación.