Diario de León

La Fiscalía hondureña manda detener a los militares del golpe contra Zelaya

Los acusados se defienden y el líder depuesto señala al fiscal general

El presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti.

El presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti.

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efe | tegucigalpa

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El jefe del Estado Mayor de Honduras, Romeo Vásquez, defendió ayer la actuación de los militares «en el marco de la Constitución y las leyes», tras la decisión de la Fiscalía de pedir un proceso judicial contra la cúpula castrense por la expulsión en junio pasado del presidente depuesto, Manuel Zelaya.

Este dijo que el fiscal general, Luis Rubí, tiene «igual o más responsabilidad» que los militares en el golpe de Estado que lo derrocó, el 28 de junio, después de que el Ministerio Público (MP) acusara ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Junta de Comandantes por abuso de autoridad y expatriación.

La Fiscalía pidió, además, que el juez especial que designe el tribunal supremo para este caso ordene la captura de los seis oficiales que integran la junta militar. Vásquez aseguró ayer a medios locales que los militares siempre actúan «en el marco de la Constitución y las leyes», pero eludió explicar el porqué se expulsó a Zelaya del país el mismo día de su derrocamiento. Esa explicación se dará «a través de la defensa» ante la justicia, subrayó el oficial.

La defensa. «Tratamos siempre de enmarcarnos dentro de la ley y, por lo tanto ayer, que nos reunimos con la Junta de Comandantes, decidimos también que tenemos que someternos a la ley y nosotros sí nos vamos a someter» al proceso, aseguró Vásquez. «Nos pueden acusar de muchas cosas, pero nosotros sabemos que somos inocentes y que al final la verdad siempre sale a relucir», añadió.

En un comunicado, Zelaya explicó ayer que el MP, en complicidad con los militares, busca darles «impunidad». «Utilizando un truco, una nueva estratagema, el fiscal del Estado, que tiene igual o más responsabilidad que los propios militares, presenta acusaciones de compadre hablado para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores, abuso de autoridad y no por los delitos graves que han cometido», indicó Zelaya.

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