supone el 10% de la plantilla
México expulsa a 3.200 agentes federales "por depuración"
El Gobierno ha abierto expedientes disciplinarios a otros 1.200 policías no cumplir los exámenes de confianza
La Policía Federal mexicana ha anunciado hoy la expulsión de 3.200 de sus agentes como parte de un proceso de " revisión y depuración " de sus estructuras, lo que representa casi el diez por ciento de la plantilla total de policías.
El comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, ha informado además de la apertura de expedientes disciplinarios a otros 1.020 agentes de la misma corporación, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), " específicamente por no haber cumplido los exámenes de control de confianza ".
En una primera fase, el Consejo Federal de Desarrollo Policial ha decidido sacar a 3.200 agentes " con base a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a partir de la publicación de la Ley de la Policía Federal ", que incluye nuevas medidas anticorrupción. Entre los expulsados se encuentran algunos mandos acusados por sus subordinados de estar ligados con el crimen organizado el pasado 7 de agosto en Ciudad Juárez.
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO PARA OTROS 1.200 AGENTES
La segunda etapa incluye el inicio del procedimiento disciplinario para otros 1.020 agentes por incumplimiento de los requisitos de permanencia, específicamente por no haber cumplido los exámenes de control de confianza.
Además, un total de 465 policías tienen procesos legales abiertos ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial para ser dados de baja, lo que podría incrementar las expulsiones.
La medida viene acompañada de la prohibición del reingreso de los agentes expulsados a alguna institución de la policial federal, estatal o municipal, agregó el comisionado policial.
ESTRATEGIA DE DEPURACIÓN
Rosas ha apuntado que esta medida "forma parte del compromiso permanente de consolidar una Policía Federal que haga realidad los principios constitucionales de legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos".
La medida se enmarca en "la estrategia de revisión y depuración" de una corporación formada por 34.500 agentes en la que el Gobierno de Felipe Calderón ha depositado parte de la responsabilidad de la lucha contra el crimen organizado.