Tensiones en la Audiencia Nacional por la presión de EE.UU., según Wikileaks
La embajada se apoyó en Javier Zaragoza para archivar los casos Couso y Guantánamo
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, en una imagen de archivo durante una rueda de prensa ofrec
La campaña de la diplomacia estadounidense para frenar causas judiciales que les afectaban generó importantes tensiones entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Nuevos informes de Wikileaks revelan que la evolución del caso Couso y la apertura de un proceso para investigar la prisión de Guantánamo redoblaron las presiones de la Embajada de EE.UU. sobre sus interlocutores, entre ellos altos cargos del Gobierno y responsables del Ministerio Público. En la legación norteamericana en España, encabezada entonces por Eduardo Aguirre, había sólo una máxima: utilizar toda la influencia posible para que las causas se archivasen.
Era 19 octubre del 2005 y el juez Santiago Pedraz acababa de ordenar la detención de tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del periodista José Couso. Habían pasado más de dos años desde que se presentara la querella en la Audiencia Nacional y la noticia cayó como una bomba en la embajada norteamericana. Los ánimos estaban enardecidos. Y la reacción fue inmediata. «Los ministros españoles están trabajando para que prosperen la orden de detención internacional», escribió el embajador Aguirre en un informe confidencial fechado a 21 de octubre.
El máximo responsable de la legación transmitió que el Gobierno «debe actuar con unidad mientras trata de influir en la judicatura española, ferozmente independiente», según recoge la nota publicada en El País . Las primeras noticias no tardan en llegar y son buenas: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, pide el archivo de la causa porque no ha quedado acreditada la autoría de los militares. En marzo del 2006, la Sala de lo Penal confirma el sobreseimiento y enmarca el incidente en un «acto de guerra».
Trámites. La alegría de Eduardo Aguirre dura poco. El Tribunal Supremo ordenado reabrir la causa en diciembre del 2006 y cuatro meses después el juez Pedraz ordena el procesamiento de los militares. Entremedias, según las notas de Wikileaks, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido despacha con el embajador y le comenta la posición inamovible del Ministerio Público. Asimismo, le augura que el caso «no llegará a ninguna parte». Al caso Couso se le suma un nuevo frente con la apertura de una investigación sobre la cárcel de Guantánamo, en primavera del 2009, a cargo de Baltasar Garzón. «Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional) tiene una estrategia para torcer el brazo de Garzón. Dice que la imparcialidad del juez está bajo sospecha, dadas sus críticas públicas a Guantánamo y a la guerra de EE.UU. contra el terrorismo», escribe el embajador en un informe secreto. Se intensifican las conversaciones entre Zaragoza y Aguirre en las que el primero aconseja que Estados Unidos abriera su propia investigación para que se cerrara la de España, e insiste en que intentará que sea el juez Ismael Moreno y no Garzón quien lo investigue.