España niega que ayudase a la CIA

El Ministerio de Defensa negó ayer que los vuelos de la CIA que pasaron por territorio español llevasen sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente con destino a cárceles secretas. La ministra Carme Chacón salió al paso de las nuevas revelaciones de Wikileaks, según las cuales el Gobierno no puso objeciones a la estrategia de la inteligencia norteamericana, para defender la actuación del Ejecutivo en este asunto. Chacón aseguró que su departamento «siempre» cumplió con el Convenio de Defensa firmado por ambos países, que prohíbe que los vuelos militares de EE. UU. que hagan escala en España transporten personas o cargas «comprometidas».

Asimismo aclaró que posee un escrito de Washington en el que asegura que nunca vulneró dicho convenio. La respuesta de Chacón en los pasillos del Congreso, una vez concluido el pleno, es la primera de un miembro del Gobierno desde que la publicación de las notas de Wikileaks les pusiera en un aprieto.

Explicaciones. La ministra entró al fondo del asunto después de que una nota secreta publicada por El País dejara al Ejecutivo en una situación comprometida. Fue en junio del 2006 y en el ambiente aún planeaban las delicadas relaciones entre el Gobierno y la administración de George W. Bush tras la retirada de Irak. Con este clima, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tuvo una reunión con el embajador Eduardo Aguirre en el que trataron, entre otros temas, los vuelos de la CIA, un asunto que el Gobierno no quería que le cogiera «desprevenido». «Hemos acordado compartir cualquier información sobre este tema para que evitar cualquier problema a las autoridades españolas. De la Vega subrayó que España no ponía ninguna objeción a los vuelos secretos a través de territorio español», informó Aguirre a la Secretaria de Estado de su país.

La preocupación del Gobierno por la finalidad de los vuelos quedó remarcada en otra nota de febrero del 2007, en el que la legación norteamericana asegura al secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, que los vuelos con destino a Guantánamo «eran rutinarios y no violaron ninguna ley».

La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional. Su presidente Ángel Juanes aseguró ayer que el mejor ejemplo de que «el Estado de Derecho está funcionando es que los casos a los que se refieren estos papeles (vuelos de la CIA, Guantánamo o Couso) están abiertos». Juanes no quiso entrar en el fondo de una denuncia que dos abogados presentaron en el Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado Gómez Bermúdez por colaborar con la diplomacia norteamericana.