España verificará si sus centrales aguantan terremotos e inundaciones

La crisis nuclear que sufre Japón ha cuestionado la capacidad de los reactores para soportar las embestidas de los desastres naturales, por lo que el Gobierno español ha decidido verificar la fortaleza de sus plantas ante terremotos e inundaciones. Así lo anunció ayer en el Congreso el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien explicó que su departamento ha encargado una revisión completa de los ocho reactores operativos en España, así como informes complementarios sobre los riesgos sísmicos y de inundaciones a los que puedan estar sometidos.

La revisión comenzará por la central de Cofrentes (Valencia), cuya vida útil se prorrogó diez años el día antes del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima, que posee el mismo tipo de reactor que la planta valenciana: de agua en ebullición.

El anuncio del ministro se produjo en respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien ha comparado la actitud del Gobierno ante la crisis nuclear con la que tuvo, a su juicio, ante la recesión económica: «Cruzarse de brazos», «minimizar» la gravedad, y, finalmente, «no hacer nada en el momento oportuno».

Cerrar Garoña, «razonable». También en el Parlamento, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, abogó por reforzar al máximo la seguridad de las centrales, aunque ha evitado ir más allá, y se ha limitado a reiterar que el debate nuclear en España debe plantearse «en términos de racionalidad, no ideológicos». El presidente opinó que la fecha de cierre para el 2013 de la central burgalesa de Garoña -”con un reactor gemelo al de Fukushima-” es «razonable» tras 42 años de funcionamiento.

El PP, a través de su portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó «serenidad y sensatez» para abordar el debate nuclear; mientras que el diputado de CiU, Josep Antoni Duran Lleida apeló a la serenidad y a que toda reflexión sobre este tema se enmarque en «las necesidades energéticas futuras» de España.

Por su parte, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (Amac) reclamó mejores planes de emergencia para las plantas, y que la seguridad de los reactores se verifique en base a criterios profesionales, no políticos.

Mientras que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, una de las compañías propietaria de centrales en España, volvió a insistir ayer en las «bondades» de la energía nuclear; los grupos ecologistas han insistido en «los peligros» de este tipo de generación.