Apoyo casi unánime a la misión en Libia entre reproches de la izquierda

José Luís Rodríguez Zapatero logró ayer un respaldo parlamentario casi total a la presencia de España en la misión militar internacional contra Libia, pero entremedias tuvo que escuchar duros reproches de los grupos de la izquierda. Sabedor de que remaba con el viento a favor, el presidente del Gobierno se limitó a defender la legalidad de la operación para detener el genocidio perpetrado por el régimen de Muamar el Gadafi.

Todo ello con reiteradas referencias al consenso que suscita la intervención entre la comunidad internacional, organismos africanos y árabes incluidos. La votación no dejó lugar a las dudas: 336 votos a favor, tres en contra, uno de IU y dos de BNG, y una abstención. Un aval abrumador que no impidió resucitar los ecos del «¡no a la guerra!» en el Congreso. La intervención de Zapatero entró en el terreno de lo previsible, aunque en el turno de réplica tuvo que lidiar con Gaspar Llamazares. Durante 20 minutos justificó la presencia española en la misión por la defensa de los derechos humanos.

Un argumento que le llevó a decir que la resolución de la ONU que ampara la intervención «no busca expulsar a Gadafi, sino poner fin a los asesinatos de civiles». El presidente puntualizaba así a Alfredo Pérez Rubalcaba, que el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, explicó que la misión tenía como fin último sacar al coronel libio del poder. Zapatero aseguró que el «importante despliegue» militar aprobado por el Gobierno, con medios aéreos y navales y unos 500 efectivos, busca encauzar una transición democrática en Libia del mismo modo que se ha vivido en Túnez y Egipto. Un proceso que el Gobierno prevé rápido. De ahí que se aprobase la presencia durante un mes de los aviones para la exclusión aérea y por tres meses los medios navales para el embargo de armas. En ambos casos se trata de tiempos prorrogables.

El debate posterior con los diferentes grupos parlamentarios no pasará a la historia por su intensidad. PP, CIU, PNV, UpyD, ERC o Coalición Canaria secundaron el argumento central del presidente. «Había que intervenir para proteger los derechos humanos».