JUSTICIA
La UE convierte en prioridad la protección de las víctimas de los delitos
La Unión Europea ha dado hoy el visto bueno a una " hoja de ruta " con propuestas para reforzar la protección de las víctimas de delitos, incluidos los de terrorismo.
El consejo de ministros de Justicia reunido en Luxemburgo ha apoyado un conjunto de propuestas que incluyen la elaboración de una directiva para proteger los derechos de las víctimas en los procesos penales.
La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha precisado que la legislación que Bruselas prepara serán normas mínimas comunes y ha confiado en que los estados miembros adopten leyes todavía más favorables para las víctimas.
El secretario de Estado de Justicia de España, Juan Carlos Campo, ha considerado " esencial " seguir trabajando en ese tema, " particularmente importante para España ", según ha dicho durante su intervención en la reunión.
Campo ha valorado que la hoja de ruta reconozca " las necesidades especiales de, entre otras, las víctimas del terrorismo " y ha señalado que, a pesar de los avances, todavía queda mucho que hacer.
En ese sentido, ha considerado importante que el esfuerzo legislativo sea " gradual ", sin excluir la posible inclusión de otras medidas.
En el debate previo a la adopción del documento, Holanda ha pedido a la Comisión Europea que concrete más unas medidas que de momento son demasiado " vagas y generales " y ha abogado por una propuesta sobre indemnizaciones que clarifique que el principal responsable ha de ser el delincuente, y solo en segundo lugar el Estado.
La Comisión presentó el pasado mayo un paquete de propuestas para proteger a las víctimas de delincuencia en la Unión Europea de forma que todas tengan los mismos derechos y garantías sea cual sea el lugar donde se cometa el delito o adonde se desplace la víctima.
El plan integral de protección de víctimas incluye un reglamento de la euroorden de protección de víctimas, que se basa en la infructuosa propuesta que presentó España durante su presidencia de la UE en 2010.
Entre otros derechos, las víctimas tendrán derecho a declarar y ser interrogadas en su idioma, a ser informadas de cómo transcurre el proceso cuando ya no estén en el país de los hechos, así como a recibir asistencia psicológica confidencial y gratuita.
En el juicio estarán también más protegidas pues se salvaguardará mejor su intimidad, recibirán un trato adecuado de profesionales con formación específica y se velará por que las víctimas que lo piden no tengan que volver a verse cara a cara con su agresor.
Según los datos de la UE, en los Veintisiete alrededor de 750.000 personas son víctimas cada año de la delincuencia dentro o fuera de su propio país.