El nuevo Gobierno portugués anuncia la suspensión del futuro AVE a España

El nuevo Ejecutivo conservador de Portugal ha incluido en su programa de Gobierno, hecho público hoy, la suspensión del proyecto de tren de alta velocidad con España, aunque contempla su posible revisión con otros costes y calendario. Tal como se había anunciado en la campaña electoral, el programa de gestión del primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, entregado hoy en el Parlamento, señala que el proyecto ferroviario no seguirá adelante, aunque ya se han adjudicado la mitad de las obras en suelo luso. Según el texto del documento, que será discutido en los próximos días en la Asamblea Legislativa, el futuro ferrocarril, que tiene fondos europeos y en España está muy avanzado, puede volver a evaluarse valorando " nuevas condiciones " y la situación jurídica de los contratos ya firmados.

El programa de la coalición conservadora que gobierna Portugal tras la derrota de los socialistas en las elecciones anticipadas del pasado día 5 incluye muchas otras medidas de ahorro ya previstas para frenar la crisis económica que sufre el país y hacer frente a los compromisos de su rescate financiero internacional. Junto a las privatizaciones de entidades públicas, reducción de costes e inversiones estatales y reformas laborales o administrativas anunciadas por Passos Coelho, el documento señala que, en materia de transportes, se tendrá en cuenta la situación de " restricción financiera y presupuestaria ".

En la alta velocidad ferroviaria " el proyecto podrá sujetarse a una reevaluación, incluyendo su contenido y calendario, en una óptica de optimización de costes, a la luz de nuevos condicionamientos y que deberá tener en cuenta el estatuto jurídico de los contratos ya firmados ", señala el texto. El documento agrega que " una eventual renegociación solo podrá proceder de una evaluación de este tipo ". La entrada en servicio del tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid estaba prevista para 2013 y su tramo luso más largo, de 150 kilómetros entre las localidades de Poceirao y Caia, en la frontera de Badajoz, fue adjudicado en 2010 al consorcio ELOS, encabezado por las empresas lusas Soares de Acosta y Brisa (participada por la española Abertis).

Además de este tramo, cuyo coste era de 1.500 millones de euros, Portugal debía aún adjudicar el segmento más corto, entre el centro de Lisboa y Poceirao, cuyo coste, pese a cubrir solo cincuenta kilómetros, subía a 1.900 millones de euros por incluir un nuevo puente sobre el estuario del Tajo. El anterior Gobierno socialista luso había insistido en realizar el proyecto, pese a las críticas de la oposición, con el argumento de su contribución al desarrollo de las infraestructuras lusas y la necesidad de no perder los fondos de la UE. Los proyectos de alta velocidad ferroviaria entre Portugal y España fueron revisados hace dos años y ambos gobiernos acordaron retrasar la conexión entre Vigo y Oporto, en principio prevista también para 2013.

El Ejecutivo socialista dio además marcha atrás en 2010 al proceso de adjudicación del tramo Lisboa-Poceirao, en cuya mejor oferta participaba la empresa española FCC, y que no fue sacado de nuevo a concurso por los problemas financieros del país. José Sócrates, el dimisionario primer ministro socialista luso, fue un firme defensor del proyecto ferroviario en las dos últimas campañas electorales. En 2009 ganó a la líder del Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), Manuela Ferreira Leite, que pretendía suspender el proyecto, pero en los comicios de este mes fue derrotado por Passos Coelho, actual líder de esa formación.

En la campaña electoral del mes pasado tanto el PSD como su aliado en el Gobierno, el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP, democristiano) se comprometieron a suspender la alta velocidad para no endeudar aún más al país. También el jefe de Estado luso y figura histórica del PSD, Aníbal Cavaco Silva, había censurado en el escenario de la grave crisis portuguesa, los grandes proyectos de infraestructuras que tenían programados los socialistas, entre ellos un nuevo aeropuerto para Lisboa. La presión sobre la deuda lusa obligó a Sócrates a pedir un rescate financiero en abril y a cambio de los 78.000 millones de euros concedidos por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lisboa debe cumplir un estricto programa de reducción del gasto público.