LEGISLACIÓN EUROPEA UNIFICADA
Bruselas propone que puedan borrarse los datos personales en Internet
La Comisión Europea presenta la nueva reglamentación para reforzar la protección de los usuarios frente a las compañías y las redes sociales
Los ciudadanos tendrán derecho a exigir a las empresas y redes sociales que borren sus datos personales cuando se den de baja del servicio, según la nueva reglamentación presentada por la Comisión Europea. La nueva normativa, que ahora deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo, tiene como principal objetivo reforzar la protección de los datos personales en la era de internet y unificar la legislación en el conjunto de los 27 estados comunitarios para facilitar el funcionamiento de las empresas en la era digital.
"La protección de los datos personales es un derecho fundamental de todos los europeos, pero a veces sienten que pierden el control sobre sus datos personales. La propuesta contribuirá a infundir confianza en los servicios en internet, ya que los ciudadanos estarán mejor informados de sus derechos y tendrán un mayor control sobre la información que les atañe", ha explicado la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding.
"Derecho al olvido"
La nueva normativa garantiza el "derecho al olvido" para que los ciudadanos puedan lograr que se borren sus datos personales de los servidores o compañías, como Facebook o empresas de servicios. "El principio es que los datos pertenecen a las personas y si un usuario quiere retirar del servicio los datos que ha colocado, debería poder hacerlo", ha indicado Reding.
Otra de las novedades de la nueva legislación europea es que se garantice que las empresas o redes sociales no puedan hacer público o comerciar los datos personales de sus clientes. El proyecto de reglamento establece el principio de "privacidad por defecto", que prohíbe que los datos de los usuarios puedan utilizarse a menos que el ciudadano haya dado un consentimiento expreso para ello.
El reglamento refuerza también el poder e independencia de las autoridades nacionales de protección de datos y fija sanciones de hasta 1 millón de euros o el 2% de la facturación anual de la empresa a aquellas compañías que infrinjan la legislación europea sobre protección de datos.
La nueva legislación, que entrará en vigor dentro de dos años, sustituirá a la anterior normativa europea de 1995, que ha quedado desfasada con la era de Internet.