1.708 personas fueron condenadas por terrorismo en Marruecos entre 2003 y 2011

Un total de 1.708 personas fueron condenadas por su implicación material o intelectual en atentados terroristas en Marruecos entre 2003 y 2011, de los que 18 recibieron la pena capital, según un informe del Ministerio de Justicia.

Las cifras difundidas por el ministerio marroquí y citadas hoy por el diario islamista "Al Taydid", del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) que encabeza el gobierno y el propio ministerio, indican que un total de 2.300 personas fueron investigadas por la policía en el marco de la actual ley antiterrorista.

Marruecos adoptó dicha ley 12 días después de que Casablanca sufriera, el 16 mayo de 2003, unos atentados suicidas en los que murieron 45 personas, entre ellas cuatro españoles. En el mismo contexto, un total de 164 personas tienen aún casos abiertos, sea a nivel de instrucción o en el Tribunal de Primera Instancia o de Apelación.

En cuanto a las penas dictadas, el informe afirma que 18 personas fueron condenadas a pena de muerte, 23 fueron condenados a cadena perpetua, 241 fueron absueltos y el resto recibieron diversas penas de cárcel.

De todos los condenados, 411 presos fueron posteriormente indultados total o parcialmente tras una medida de gracia del rey Mohamed VI. La mayoría de los procesados por terrorismo proceden de medios populares y familias pobres, y ejercen oficios manuales (obreros, albañiles, herreros) o vendedores ambulantes, precisa el informe.

Las células terroristas desmanteladas en los últimos ocho años tras el atentado 2003 en Casablanca, superaron los 27 grupos, de los que el más destacado fue el "comando de Otmani", compuesta por 9 personas y cuyo líder fue condenado a pena de muerte por haber perpetrado el atentado del café Argana de Marraquech el pasado 28 de abril, causante de 17 muertos,entre ellos 11 franceses, 3 suizos y 3 marroquíes.

Diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales, han criticado duramente las leyes antiterroristas por haber permitido abusos como las detenciones ilegales, los largos periodos de incomunicación o la condena de muchas personas por sus opiniones o por confesiones arrancadas bajo tortura.

Precisamente, el actual ministro de Justicia, el islamista Mustafa Ramid, se ha distinguido en el pasado por ser uno de los abogados que con más insistencia ha defendido los derechos de los presos relacionados con casos terroristas, en particular los de ideología islamista.