Ban pide a Bahréin que permita a los 20 activistas apelar su sentencia

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha mostrado su preocupación por la confirmación por parte de un tribunal civil de las condenas dictadas por una corte marcial contra una veintena de líderes de las movilizaciones antigubernamentales de 2011, a los que se acusa de conspirar para derrocar la monarquía y de colaborar con países como Irán, uno de sus principales enemigos, y ha pedido a las autoridades que permitan a los condenados apelar la sentencia.

"Ban solicita a las autoridades bahreiníes que permitan a los acusados ejercitar su derecho a apelación y que aseguren que se protegen todas las garantías del proceso", ha dicho el portavoz del secretario general de la ONU, Martin Nesirky. "Asimismo, reitera su llamamiento a las autoridades bahreiníes para que aseguren la aplicación de las normas relativas a Derechos Humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y de asamblea", ha agregado.

Asimismo, Nesirky ha reafirmado la necesidad de que se celebre un "diálogo nacional inclusivo que recoja las aspiraciones legítimas de la población", proceso que ha descrito como "único camino para promover la paz, la estabilidad y la justicia en el país".

El Tribunal Superior de Apelación confirmó el martes las penas dictadas contra "trece acusados de participar en un complot para derrocar al régimen y que contaron con contactos de inteligencia extranjeros e infringieron la Constitución". Asimismo, el tribunal condenó a seis de ellos por "establecer contactos de inteligencia" con otro país para llevar a cabo "actos hostiles" contra Bahréin.

Según explicó un responsable de la Fiscalía, Wael Boualai, todos ellos mantuvieron "contactos de inteligencia" con Irán y con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Teherán. El veredicto, indicó, demuestra que "algunos de los acusados mantuvieron relaciones y trataron de mantener relaciones y contactos de inteligencia con una organización extranjera, Hezbolá, que trabaja por los intereses de Irán".

Las condenas incluyen ocho penas de cadena perpetua, entre ellas las dictadas contra el conocido activista Abdulhadi al Jawaja y contra el dirigente opositor Hassan Mushaimaa, quien ha reclamado el fin de la monarquía y la proclamación de la república.

Aparte, el dirigente opositor suní Ibrahim Sharif cumple una pena de cinco años. Siete de los 21 condenados inicialmente fueron juzgados en ausencia, entre ellos el 'bloguero' Ali Abdulemam, sentenciado a quince años de cárcel y actualmente escondido. Los abogados de la defensa han anunciado que el fallo del tribunal civil aún podría ser recurrido.

Los trece que están en prisión se han negado a estar presentes en la audiencia de hoy en protesta por la celebración de las anteriores a puerta cerrada y durante las cuales presentaron sus pruebas y han denunciado que fueron objeto de abusos bajo custodia para obligarles a confesar durante el proceso militar, según ha indicado su abogado, Mohamed al Jishi.

Reacciones

"El veredicto no nos sorprende. Si no hay consecuencias internacionales y si nadie pide cuentas al régimen de Bahréin, no tienen incentivos para cambiar", declaró por Twitter la hija de Al Jawaja, Maryam al Jawaja, dirigente activista exiliada en el extranjero.

El clérigo suní Mohamed Jalid se pronunció clara y expresivamente a favor del veredicto: "¡Dios es grande! ¡Dios es grande!", ha declarado por Twitter. Muchos suníes temen el ascenso de los chiíes en caso de que el Gobierno acepte las reclamaciones políticas de la oposición.

"Estoy muy decepcionado. Esto ha sido una sorpresa para la gente", ha señalado por su parte Hussein Jawad, hijo de Mohamed Jawad, que cumple una pena de quince años. "Si no quieren que haya un futuro para Bahréin mantendrán los veredictos como están", lamentó.

El principal partido opositor de la isla, Wefaq, también condenó la sentencia. A través de Twitter ha considerado que hoy es un "día escandaloso para el sistema judicial en Bahréin con la condena de prisioneros de conciencia a largas penas de prisión".

Por su parte, el ministro de Exteriores danés, Villy Sovndal, mostró su decepción por el veredicto y ha reclamado la liberación de Al Jawaja, que tiene nacionalidad danesa. "Es importante que la comunidd internacional siga recordando a Bahréin la importancia de que el país respete los derechos humanos básicos", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, Amnistía Internacional consideró una "injusticia" la confirmación de las condenas y ha solicitado la liberación "inmediata" e "incondicional" de las personas detenidas en la isla por motivos políticos.

Según la vicedirectora de Amnistía para Oriente Próximo y el Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui, la decisión judicial "pone de manifiesto una vez más que las autoridades bahreiníes no avanzan en la senda de las reformas" y, en cambio, se dejan llevar por el "rencor".

"En lugar de mantener la sentencias, que van desde los cinco años a la cadena perpetua por ejercer pacíficamente Derechos Humanos, las autoridades bahreiníes deberían anularlas y liberar a los 13 hombres de manera inmediata e incondicional", declaró en un comunicado.

A las críticas se unió Estados Unidos, firme aliado de Bahréin, que pidió a las autoridades que respetaran el derecho de apelación de los condenados y urgió al inicio de un diálogo nacional entre todas las partes. Asimiso, pidió que se investigaran todas las alegaciones de tortura presentadas por los detenidos.

Protestas en Bahréin

Desde febrero de 2011, en la aureola de la llamada 'Primavera Árabe', Bahréin fue escenario de importantes movilizaciones populares lideradas por la mayoría chií y en contra de la élite suní que gobierna el país.

El régimen de los Al Jalifa puso fin a las protestas imponiendo la ley marcial y gracias al despliegue de soldados de Arabia Saudí y Emiratos Arabes Unidos. No obstante, posteriormente se han producido nuevas protestas y enfrentamientos con la Policía.

Los activistas opositores temen que las autoridades del reino quieren prolongar este caso y utilizar a los acusados como moneda de cambio para una eventual solución al conflicto en el país, donde los chiíes denuncian ser objeto de discriminación por parte de la clase gobernante suní.

El Gobierno, que defiende la independencia de la justicia en la isla, ha iniciado contactos a bajo nivel con grupos de la oposición pero les ha pedido que hagan más para frenar la violencia callejera. Por su parte, la oposición considera que esta postura es una artimaña para evitar hacer concesiones y asegura no tener nada que ver con los enfrentamientos.

Los 20 acusados --inicialmente 21 pero uno fue puesto en libertad-- se han convertido en héroes entre la población por lo que su puesta en libertad podría dar nuevas alas al movimiento de protesta contra la familia Al Jalifa y las reclamaciones de un Parlamento capaz de legislar y de formar el gobierno.