Denuncian el soborno a dos millones de votantes por parte del excandidato presidencial Ahmed Shafiq

La Policía egipcia ha iniciado una investigación en torno a la denuncia contra el excandidato presidencial y último primer ministro bajo el Gobierno de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, en torno al presunto soborno de dos millones de votantes de cara a los comicios, en los que perdió ante el candidato de Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi. La denuncia, presentada por Mustafá Ashur, indica que los dos millones de personas son familiares de las 500.000 personas que han llevado a cabo construcciones ilegales en terrenos agrícolas y que Shafiq prometió no multarles a cambio de su voto, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. La publicación no ha dado detalle alguno acerca de Ashur.

En base a estas informaciones, Ashur ha acusado a Shafiq de decir durante una conferencia de prensa en Gharbiya que, en caso de ser elegido presidente, no tomaría acciones legales contra los que hubieran construido sobre terrenos agrícolas, sino que, por contra, legalizaría dichas construcciones tras su victoria.

La demanda agrega que las afirmaciones de Shafiq llevaron a un 'boom' "histérico" de construcción y que la Autoridad de Protección de la Tierra, que forma parte del Ministerio de Agricultura, perdió "impresionantes" cantidades de terreno agrícola durante la carrera presidencial.

Shafiq abandonó el país apenas un día después de que se anunciara su derrota en las elecciones presidenciales. En agosto, un juez egipcio anunció que el exjefe de Gobierno ha pasado a formar parte de una lista de personas en busca y captura como consecuencia de una investigación de un caso de corrupción, lo que implica que podría ser arrestado en cuanto entre en territorio egipcio.

Shafiq está siendo investigado por la asignación de una parcela de 40.000 metros cuadrados a los dos hijos de Mubarak, que decidió renunciar como presidente el 11 de febrero de 2011 en respuesta a la presión de las manifestaciones en su contra.

Los hijos del ahora expresidente, Alaa y Gamal, permanecen en prisión por cargos de corrupción. Su padre fue condenado el pasado mes de junio a cadena perpetua por la muerte de manifestantes por la represión de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones populares.