Portugal pagará más de 300 millones en compensaciones por echar funcionarios

Portugal pagará para comenzar a reducir la plantilla de trabajares públicos entre 300 y 500 millones de euros en concepto de indemnizaciones, según las primeras estimaciones divulgadas hoy por el Gobierno conservador luso.

Éstos son los cálculos que maneja el Ejecutivo según palabras de su secretario de Estado de Administración Pública, Hélder Rosalino, quien en una comparecencia parlamentaria explicó que este coste correspondería a la "rescisión amistosa" de los contratos de entre 10.000 y 20.000 funcionarios.

Rosalino precisó que el valor final destinado a estas compensaciones dependerá "de la adhesión" al programa de rescisión por mutuo acuerdo que iniciará el Gobierno a partir del próximo mes de septiembre y que se prolongará durante cerca de tres meses.

El proyecto del Ejecutivo luso es más amplio y abarcaría la supresión de un total de 30.000 trabajadores públicos, equivalente a cerca de un 5 % del total del país.

El secretario de Estado detalló, asimismo, que este gasto superior a 300 millones de euros se prevé que sea "incluido en los Presupuestos de 2014".

"Es una operación que supone un ahorro del gasto público muy significativo", aseguró Rosalino, quien estimó en dos años el plazo necesario para recuperar los fondos destinados a indemnizaciones.

Los sindicatos estiman en cerca de 600.000 el número de trabajadores empleados por el Estado en Portugal, lo que representa en torno a un 12 % de su población activa.

El colectivo de funcionarios ya ha sido objetivo de varios de los recortes aprobados por el Gobierno luso durante los últimos dos años y el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó en un informe reciente suprimir entre un 10 y un 20 % de sus puestos de trabajo.

La reducción de empleados públicos está entre las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno luso, que pretende negociar los detalles con empresarios, sindicatos y otras fuerzas políticas.

Pero la oposición de izquierdas ya hizo público su rechazo frontal a la profundización de las políticas de la austeridad, y volvió a reclamar en bloque un cambio de rumbo.

Con el adelgazamiento de la plantilla de trabajadores públicos y otros recortes de gastos el Ejecutivo luso espera cumplir los compromisos de reducción del déficit público contraídos a cambio del rescate financiero que otorgaron hace dos años al país la UE y el FMI.

Portugal se encuentra bajo el auxilio financiero internacional desde abril de 2011, cuando la elevada presión sobre su deuda derivó en la petición de rescate, y el severo programa de ajustes y reformas que lleva asociado..

Atrasar la edad de jubilación de los 65 a los 66 años o alargar la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 40 horas semanales son otras de las medidas anunciadas por el Gobierno conservador, para recortar el gasto del Estado en 4.800 millones de euros.