La bancarrota de Detroit torpedea un sistema de pensiones que hace agua
Un juez aprueba la petición del país, en la mayor quiebra municipal de la historia.
La bancarrota de Detroit ha golpeado en la línea de flotación de las pensiones de empleados públicos en Estados Unidos, un sistema cuyos conocidos problemas financieros han quedado en evidencia ante la insolvencia de algunas ciudades del país.
La decisión de un juez en Michigan de autorizar la quiebra de Detroit obligará a los sindicatos a renegociar con las autoridades municipales las pagas de jubilación prometidas a los funcionarios, incluidas las de quienes ya están retirados.
«Las pensiones quedan sujetas a recortes igual que las cantidades adeudadas por la ciudad con entidades financieras de Wall Street, todo está en el mismo saco», aseguró a Efe Frank Shafroth, uno de los artífices de la Ley de Bancarrota Municipal vigente desde 1988, y profesor de la Universidad George Mason en Virginia.
Detroit solicitó en julio a los tribunales poder declararse en bancarrota. Los sindicatos recordaron a la Corte que los planes de pensiones son estatales, amparados por la Constitución de Michigan, cuya soberanía está reconocida por la Carta Magna de EE UU.
Ayer el juez sentó un precedente en el país al sentenciar que la ley federal de quiebras no tiene que respetar prebendas estatales, lo que supuso un varapalo no solo en la ciudad del motor, también en California. En ese estado la entidad gestora de los fondos de pensiones de más de 1,6 millones de empleados públicos, CalPERS, se enfrenta con una situación similar a la de Detroit en las ciudades San Bernardino y Stockton, ambas oficialmente en bancarrota y con una disputa en marcha para evitar que las pensiones sean una deuda más.
«La decisión judicial es corta de miras y no tiene en cuenta las promesas hechas a cambio de las inversiones financieras y físicas que los empleados públicos y jubilados hacen en sus comunidades», se afirma en un comunicado emitido por CalPERS a petición de Efe.
Protección
La entidad californiana quiso dejar claro que lo ocurrido en Detroit «no es aplicable a un sistema de pensiones estatal como el de CalPERS» por no estar circunscrito a una sola ciudad e insiste en que las pensiones están protegidas por la constitución de California. Shafroth, lejos de ser crítico, tomó el fallo de hoy como una «buena noticia». «Da a la ciudad una oportunidad para empezar de nuevo. Se estaba quedando sin dinero tan rápido que había un riesgo real de ruina en los próximos dos meses. No podían esperar más tiempo», explicó el profesor. Los únicos que parecen tener garantizados sus ingresos son los empleados que realizan una función crítica para que la ciudad continúe funcionando de forma segura, apuntó el experto.